Marco Antonio Mejía López, también conocido como “El Puma”, quien se desempeñó como subdirector de Seguridad y Logística de López Obrador entre el 2000 y 2005, explicó que fue detenido con falsas acusaciones en 2009, cuando era el director de la cárcel municipal de Cancún en Quintana Roo.
“Fui objeto de una injusticia. Fui preso por una situación política. Me acusaban de haber participado en el asesinato del General (Mauro Enrique Tello) y delincuencia organizada”.
Mencionó que existían ocho declaraciones de dos testigos protegidos sobre el asesinato de Tello Quiñones, ocurrido en 2008, sin embargo en ninguna de estas aparece su nombre ni se le señala de manera directa.
Agregó que una vez detenido y traslado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el entonces Distrito Federal, Marisela Morales Ibáñez, entonces Procuradora General de la República, e Irving Barrios Mojica, en ese momento titular de la SIEDO, lo amenazaron con que no recuperaría su libertad si no declaraba en contra del ahora Presidente de la República.
Mejía acusó que Morales Ibañez y Barrios Mojica le mostraron una declaración de “Jennifer”, nombre clave del abogado Roberto López Nájera, quien fuera ex colaborador del conocido capo Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, donde ‘Jennifer afirmaba que lo conocía.
Apuntó que su detención fue por órdenes de arriba, en referencia a Felipe Calderón Hinojosa, además de que fue presionado para declarar en contra de Andrés Manuel López Obrador, de Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, y en caso de negarse, pasaría todo el periodo de Calderón en la cárcel.
Poco más tarde, las amenazas se cumplieron, y Antonio Mejía fue acusado de homicidio, delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, los tres ilícitos relacionados con el asesinato del general Tello y un presunto vínculos con el grupo delictivo “Los Zetas”.
Por su parte, la PGR de ese entonces no judicializó nunca los señalamientos de ‘Jennifer” en su contra, en los cuales se le acusaba de estar vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, en ese momento rival de “Los Zetas”.
“Es contradictorio e ilógico que pudiera estar trabajando para dos cárteles”, sostuvo, Ibáñez pasó un periodo de cuatro años y seis mese en la cárcel de máxima seguridad de “El Rincón” en Tepic, Nayarit.
Ahí mismo, lo enviaron a una zona donde estaban otros ex servidores públicos acusados de supuestos vínculos con el narcotráfico como el ex titular de Interpol, Rodolfo de la Guardia; el ex titular de SIEDO, Noé Ramírez Mandujano; y el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Todos fueron absueltos por jueces y magistrados de las acusaciones en su contra.
El 13 de julio del 20013 una jueza federal lo absolvió de todos los cargos al considerar que no había pruebas en su contra, por lo que el tribunal federal confirmó la resolución tras una fallida apelación de la PGR, además de que el Ministerio Público nunca pudo acreditar ninguna de las presuntas pruebas en su contra.
Con estas acusaciones, se genera la duda de por qué Tim Golden, creador del más reciente montaje contra AMLO, no contempló este delicado y fuerte caso en su “reportaje”, que además de no tener evidencia de ninguna acusación, se reveló el enorme despliegue de recursos de la derecha para impulsar este ataque contra el Presidente y la 4T.
Por su parte el Gobierno de México y López Obrador ya desmintieron las mentiras, mientras la opinión pública parece no haber tomado en serio el golpe que los conservadores mexicanos crearon con evidente ayuda de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que desean el regreso de la mafia neoliberal para saquear nuevamente a México.
Sé el primero en comentar