La reducción de las raciones a frijoles y tortillas es una de las tantas sanciones que el gobierno de Nayib Bukele ha ordenado en contra las personas detenidas por delitos vinculados a pandillas salvadoreñas como la Mara Salvatrucha.
La entrada en vigencia de un paquete de reformas penales, aprobadas el miércoles por el Congreso y que incluyen la cárcel para menores, marcan la ruta que el Gobierno de Nayib Bukele decidió tomar contra las pandillas tras una crisis de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas el fin de semana.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el domingo y este quinto día de suspensión de garantías constitucionales es marcado por estas medidas y los traslados a penales de los detenidos, que suman unos 3 mil.
El Gobierno ha declarado que estas acciones son una “guerra contra las pandillas”, como lo hizo su antecesor, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
El presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter un video de pandilleros encarcelados y llamó a los padres a mostrarlo a sus hijos.
“Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte”, escribió.
Desde el domingo, la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol.
En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos).
Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más.
El presidente salvadoreño también resaltó que “la comida es racionada”, declaración evidenciada por las imágenes compartidas por Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales.
En estas fotos se puede apreciar que las raciones a los pandilleros encarcelados se ha reducido a un plato de frijoles con tortillas.
Endurecen las penas contra pandillas
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que su líderes o financistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años.
Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel, y cabecillas de 6 a 9 años.
El Congreso, de mayoría oficialista, también aprobó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece penas de prisión para los menores de edad a partir de los 12 años. Anteriormente la medida más excepcional era el internamiento.
Los adolescentes desde los 12 años, que de acuerdo al Gobierno serían juzgados como adultos, podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, mientras que los que tengan cumplidos 16 años serían condenados hasta por 20 años.
Esta reforma elimina los plazos máximos de las medidas provisionales para los menores y señala que estas serán aplicables hasta tener una “sentencia firme”.
Al delito de extorsión, una de las principales fuente de ingresos para las pandillas, se le agregó una agravante que si es cometido por miembros de estas bandas la pena será de entre 20 y 30 años, al igual que con el tráfico de drogas.
Cientos de personas detenidas en el marco del régimen de excepción fueron llevadas este miércoles a centros penales, según constató Efe.
Las detenciones comenzaron el sábado, pero los operativos se intensificaron el domingo y han continuado en estos días, lo que ha dejado unas 3 mil detenciones.
Nuevamente, decenas de familiares de los capturados, en su mayoría mujeres, buscan información y denuncian algunos atropellos a derechos humanos.
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