En las próximas elecciones presidenciales en México, las coaliciones políticas deberán considerar un factor inusual en sus estrategias electorales: el voto de un grupo de personas que podría superar en número a algunos de los sindicatos más grandes del país.
Se trata de aproximadamente 94 mil reclusos sin sentencia, quienes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez.
Entre estos votantes se encuentran personas acusadas de delitos graves que aún están inmersas en procesos judiciales. Ejemplos notables incluyen a Héctor “El Güero” Palma, figura relacionada con el narcotráfico; Christian Von Roehrich, exalcalde de la Benito Juárez; e Israel Vallarta, implicado en el caso Florence Cassez.
Estos individuos, junto con otros reclusos, podrán participar en las elecciones presidenciales emitiendo su voto a través de las boletas proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en los 270 centros penitenciarios locales y 14 federales en todo el país.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta julio pasado, se registraron 93,928 presos en proceso judicial en cárceles, distribuidos con un 14% en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y el 86% restante en prisiones estatales.
Es relevante destacar que la cantidad de reclusos sin sentencia supera la afiliación de algunos de los sindicatos más prominentes del país. Con 94,000 votantes potenciales, este grupo electoral es mayor que los 88,444 afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y casi duplica los 50,632 miembros del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
Además, según los reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cifra de personas privadas de libertad en proceso es mayor que los 70,624 afiliados al Sindicato de Trabajadores del ISSSTE y casi cuadruplica los 26,600 miembros del sindicato de la UNAM.
