Bajo una directiva interna emitida recientemente por Departamento de Estado de los Estados Unidos, los funcionarios consulares estadounidenses recibieron instrucciones para denegar visas de residencia permanente a solicitantes que padezcan enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes o trastornos cardiovasculares, al considerarlos potenciales “carga pública”.
El memorando amplía significativamente el criterio que tradicionalmente aplicaba solo para enfermedades transmisibles, e incluye ahora condiciones que podrían generar gastos médicos elevados y prolongados, y exige que los aspirantes demuestren tener los recursos financieros o seguro privado suficientes para cubrir tales costos sin recurrir al sistema público estadounidense.
La medida representa un cambio sustancial en la política migratoria, pues introduce la salud crónica como factor clave para determinar la elegibilidad de visas, particularmente aquellas de residencia permanente. Críticos advierten que esta práctica abre la puerta a decisiones arbitrarias e impacto negativo sobre solicitantes latinoamericanos que enfrentan altas tasas de dichas enfermedades.
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