PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La reciente clausura implementada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la zona costera de Punta Beté fue vista con buenos ojos por el secretario general de la cooperativa pesquera Mar Caribe, José Gómez Burgos, toda vez que estas irregularidades detectadas evidencian la corrupción y el abuso por parte de desarrollos hoteleros al colocar espigones no contemplados en sus autorizaciones.
No obstante, consideró que no solo basta con que la autoridad ambiental a nivel federal realice acciones administrativas como la imposición de sellos de clausura en los espigones de este hotel, sino que se debe obligar a los responsables de estas irregularidades a retirar este tipo de objetos que solo han complicado la erosión en las playas de este destino turístico.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó en un comunicado que impuso clausura parcial temporal al proyecto denominado “Restauración de la Línea de Costa Punta Beté”, ubicado en el kilómetro 62 de la carretera federal 307 Chetumal-Puerto Juárez-Cancún-Tulum, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por obras no contempladas en su autorización de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La medida se determinó tras una serie de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la autorización en materia de Impacto Ambiental y sus modificaciones, emitidas por la Semarnat, para el desarrollo de dicho proyecto.
En ellas, los inspectores de Profepa detectaron la instalación de cinco geotubos y una sección de sacos con arena acomodados en 3 líneas en forma de rompeolas, paralelos a la línea de costa, los cuales no están contemplados en los oficios de autorización y de modificación correspondientes, emitidos por Semarnat.
Una vez que concluyó el plazo que otorga la ley para que el visitado manifestara lo que a su derecho conviniera, la Profepa determinó instaurar procedimiento administrativo al responsable del proyecto, por el probable incumplimiento a los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental para las obras realizadas.
Por ello, se emplazó al inspeccionado a procedimiento administrativo, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y manifestaciones que considere pertinente, en relación a las obras no autorizadas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Asimismo, la Delegación de la Profepa en Quintana Roo ordenó -como medida de seguridad- la clausura parcial temporal de dichas obras, por considerar un riesgo inminente de daño a los recursos naturales del medio marino.
