Si la batalla contra el COVID-19 es una guerra, el gobierno de Nicaragua colocó al personal de salud en primera línea, sin armas y a pecho descubierto, en un afán inicial de aparentar normalidad y que recién ahora está empezado a rectificar.
“Se tomaron malas decisiones. Indudablemente. No hubo alarma. Estamos pagando las consecuencias de no haber cumplido los protocolos a cabalidad de una forma actualizada desde un inicio”
Las quejas anónimas son una constante en los hospitales y centros de salud de Nicaragua.
“Es que como está la situación, todos dependemos de ese salario, y hablar y criticar al gobierno significa el despido inmediato”
Hasta el 20 de mayo, el Observatorio Ciudadano, una red de especialistas y voluntarios que lleva un conteo paralelo al gobierno sobre los estragos de la pandemia en Nicaragua, registraba 246 trabajadores de la salud presuntamente afectados por el COVID-19.
Las muertes del personal de salud corresponden, según el organismo, a tres personas de enfermería, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista
En un país tan polarizado como Nicaragua, hasta el uso de mascarilla o barbijo se volvió un asunto político.
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Desde el lado de los simpatizantes del gobierno se estimuló la idea de que la mascarilla y el aislamiento físico, entre otras precauciones, provocaban alarma innecesaria.
E incluso que eran utilizados por los opositores para desestabilizar al régimen de Ortega. Incluso, en hospitales y centros de salud, se prohibió el uso de mascarillas
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