CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, adelantó su decisión de promulgarla, pero estableció que “no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior -en los términos de esta ley- hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
Un grupo de senadores ya han adelantado que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la misma.
Recordó que “con el fin de superar este vacío legal el Congreso me ha remitido el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. El espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades del cumplimiento de sus responsabilidades…”, señaló.
“Distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley.
“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país“, expresó.
“México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas… que garanticen la seguridad de la población”, concluyó.
Rememoró que desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, “por necesidad, porque las fuerzas policiales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo“.
Con ello no se pretende suplir sino cumplimentar a los cuerpos civiles y en todos los casos se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales, apuntó.
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