CHETUMAL, Q. ROO. –El Congreso del Estado dio entrada y turnó a comisiones, un punto de acuerdo en el que se solicita la comparecencia de Héctor José Contreras Mercader, Oficial Mayor del Municipio de Benito Juárez, para que informe y explique lo relacionado a la adquisición de las unidades destinadas para patrullas, esto derivado de la información obtenida de la glosa del informe en materia de seguridad pública y del aumento exponencial de la delincuencia en dicha demarcación.
En la sesión ordinaria número 11, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, el Pleno de la XV Legislatura dio lectura a la solicitud de comparecencia, presentada por los diputados Jesús Zetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
En el acuerdo, los legisladores coinciden en la necesidad de conocer los datos precisos en relación a la adquisición de todos los elementos materiales y operativos, llámese patrullas, uniformes, chalecos antibalas, equipo especial y todo elemento necesario para el cumplimiento de las acciones de seguridad pública municipal.
Los legisladores aseguran que es indispensable se informe el estado que guardan las patrullas de la administración municipal de Benito Juárez, así como el número de las mismas, aclarando su procedencia en razón de la forma en que fueron adquiridas, si se trata de arrendamiento o son propiedad del Ayuntamiento, el procedimiento de contratación, el importe final de la contratación, así como toda la información relacionada con la inversión en materia de seguridad pública municipal.
El punto de acuerdo generó debate entre las diferentes fracciones parlamentarias, particularmente entre los promoventes y el grupo parlamentario del PVEM, quien a través de su coordinador el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, se pronunció en contra de la propuesta pues consideró que se está violentando la autonomía municipal.
“Si bien existen las facultades de que podamos llamar a comparecer a cualquier funcionario, tiene que ser un tema que se está discutiendo o investigando por parte de la Legislatura. Parece que a través de este exhorto se le quiere echar la culpa al municipio de Benito Juárez de toda la inseguridad que hay en el estado. El problema de seguridad es de todos; es del Estado, del municipio, del Poder Judicial y del Poder Legislativo”, enfatizó.
El Pleno del Congreso dio entrada a una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura.
En tribuna, la diputada Eugenia Solís aseguró que en las reformas que propone, se les otorga mayor voz y voto a los periodistas en el sistema creado para protegerlos; se propone formar una fiscalía especializada presidida por periodistas y personal de la Comisión de los Derechos Humanos, para investigar las agresiones cometidas en contra de las y los reporteros; además de establecer las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
También, se propone establecer que las resoluciones de este mecanismo de protección serán vinculatorias para los servidores públicos, además de establecer sanciones para aquellos que agredan a quienes ejercen el periodismo o defienden los derechos humanos.
En la misma sesión, se dio entrada a una iniciativa presentada por las diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, Santy Montemayor Castillo y los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina, para incluir en el artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado, una comisión denominada “Comisión de Desarrollo Juvenil”, la cual atienda el análisis y dictamen de los asuntos relacionados al desarrollo de los jóvenes.
Además, la diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, de la fracción parlamentaria de MORENA, presentó una iniciativa de reformas la Constitución Política de Quintana Roo y a la Ley de la Fiscalía General, para dejar establecido con claridad el procedimiento de remoción del Fiscal General y las partes que participarán en dicho proceso, para evitar la concentración de poder en uno solo.
También se propone establecer que el Fiscal pueda ser removido por el Congreso del Estado, de acuerdo con la calificación de la causal de remoción, que emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a petición debidamente fundada y motivada por el Ejecutivo estatal, adoptando un mecanismo de responsabilidades compartidas en el proceso de remoción.
Finalmente se dio entrada a una iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del Estado.
La iniciativa tiene como propósito la instalación de módulos de atención indígena en la lengua que corresponda, mediante la creación de módulos de atención indígena, en cada una de las dependencias de la administración pública, así como en el Congreso del Estado.
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