Diputados del Congreso Local consideran dentro de su agenda para el Paquete Fiscal 2021 la posibilidad de incrementar de 3% a 5% el Impuesto al Hospedaje, para incrementar la recaudación en Quintana Roo, sin afectar a la población local.
“Tenemos que tener en cuenta tres cosas: En primer lugar, no afecta a la mayoría de la población local, sino a los visitantes, que tienen un alto poder adquisitivo y por tanto pueden costear este incremento. Como segundo punto, este impuesto en Quintana Roo es relativamente bajo, considerando que en otros países de Europa y América Latina alcanza el 8% o hasta el 12%. Y por último, permitirá hacer frente a los recortes impuestos por el Gobierno Federal”, señaló al respecto José Luis Guillén López, del partido Movimiento Auténtico Social (MAS).
Afirmó que en 2018 se recaudaron más de mil 650 millones de pesos con una tasa de 3%. Aumentarlo hasta el 5%, permitiría obtener al menos mil 100 millones de pesos “extras”.
Alberto Batún Chulim, diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró que es una opción viable, sin que sea necesario aumentar impuestos para la población local.
“Es un tema que estamos analizando en la Comisión de Hacienda, sobre el Paquete Fiscal 2021. De esta manera se obtendría ingresos extras a través del turismo, sin afectar tanto la competitividad, pues el aumento sería mínimo para cada visitante, y en cambio podríamos prever reducir el monto o cambiar algún otro cobro para los quintanarroenses para el siguiente año”, dijo Alberto Batún Chulim.
Otros legisladores y legisladoras del partido Morena coincidieron en que sí aprobarían una propuesta de este tipo, siempre y cuando los recursos que se obtengan por el Impuesto al Hospedaje se transparenten e inviertan en rubros sociales y en obra pública.
En el paquete fiscal, que aún no ha sido leído en el pleno de la XVI Legislatura, la Secretaría de Finanzas y Planeación plantea ajustes en la Ley del Impuesto al Hospedaje, aunque únicamente en lo que refiere a la contratación de hospedaje a través aplicaciones digitales.
Una de ellas es que la obligatoriedad de que las empresas de plataformas digitales tengan un representante legal y un domicilio fiscal establecido en el estado.
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