El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, explicó que al inicio de esta administración el Mecanismo contaba con 758 personas; a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).
Detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
La mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.
Irazoque Palazuelos señaló que la impunidad superior a 90 por ciento en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.
Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
Destacó que, de los homicidios registrados, solo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo.
Detalló que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.
Recordó que el Mecanismo surge en 2012 como eje articulador y coordinador de las fuerzas del Estado mexicano para generar una política nacional; sin embargo –dijo– a 10 años de su creación, pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema.
Aseguró que en estos tres años se han invertido, a través del Mecanismo, más de mil 200 millones de pesos en la protección de periodistas y personas defensoras; tan solo para 2022 se aprobó el presupuesto más alto en la historia del Mecanismo, ya que se destinarán 388 millones.
Subrayó que desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país.
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