Por: Adriana Olvera
Cancún.- Integrantes del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo” se manifestaron esta mañana afuera de los Tribunales Orales Penales, ubicados en la avenida Nichupté, previo a la audiencia para determinar si se le quitaba el arraigo dictado en contra de Rosa María Hernández, ex fiscal de Personas Desaparecidas, quien está vinculada a proceso por las omisiones en el caso de Francisca Mariner Flores Patrón.
Pese a los alegatos de esta ex funcionaria, el juez se negó a quitar este arraigo, por lo que se mantiene la prohibición de salir de Quintana Roo.
“¡No a los cambios de medidas cautelares!”, exclamaban las inconformes, quienes llevaban varias lonas alusivas a su causa, además de colocar grafiti en la entrada de los tribunales, denunciando la corrupción de esta ex funcionaria de la Fiscalía General del Estado, Rosa María Hernández es acusada de negarse a implementar los protocolos de búsqueda, luego de la desaparición de Francisca Mariner, ocurrido en 2020.
El cuerpo de la menor fue hallado un mes después, pero no fue identificado sino hasta finales de 2024, lo que significó que sus familiares la buscaron por cuatro años infructuosamente.
En junio del año pasado, la ex fiscal quedó vinculada a proceso por omisiones en este caso, quedando con arraigo y con la obligación de firmar en los juzgados cada 15 días.
La acusada solicitó una audiencia para que le permitieran viajar libremente, misma que ella misma canceló en dos ocasiones, antes de que fuera programada para este miércoles. El juez falló en su contra, por lo que ella continúa bajo arraigo.
María Patrón Pat, madre de la víctima, además de presidente de las Madres Buscadoras, acusa a esta mujer de ser una corrupta y una omisa, pues tenía el expediente de la desaparición de Francisca Mariner bajo llave, sin permitir que sus familiares tuvieran acceso a él, además de negarse a investigar a la pareja de esta joven, Ángel Conrado (hoy sentenciado por su desaparición).
Cabe destacar que el juez que lleva el caso es Miguel Segovia Herrera, acusado por este colectivo de corrupción, luego que sentenciara a una ex trabajadora de una empresa filial de Xcaret por administración fraudulenta, pese a no existir evidencias en su contra.
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