PUERTO MORELOS, Q. ROO. –Jueves, siete de la mañana, el sol ilumina las playas de Puerto Morelos mientras las olas se mecen acarreando algas marinas que van formando una verde barrera sobre la arena blanca y fresca. Tras la aparente tranquilidad hay hombres armados que han invadido el lugar.
Camino, con gorra y lentes de sol, acompañada de mi fiel rottweiler. Cuatro hombres se asoman tras un muro con rejas recién construidas. El sonido de una planta de luz de gasolina se escucha a la distancia. Tres hombres en hamacas me observan. Toman fotografías mientras yo los fotografío a ellos y a los letreros clavados sobre la duna de arena. Dos sujetos llevan machetes en las manos. Sus rostros me son familiares: pertenecen al grupo de invasores que me persiguieron mientras documentaba el caso de Tulum: tierra de ambiciones.
Más tarde, al entrevistar a las familias afectadas en otros puntos de la zona, percibo el miedo y desesperación frente a la injusticia que han vivido. Todas las familias han sido amenazadas después de haber acudido a las autoridades y de hablar con algunos medios locales. No les he dicho a las víctimas de despojos que luego de tomar fotografías fui advertida de no seguir haciendo mi trabajo periodístico. Lo importante es asegurarnos de que salga a la luz lo que cientos de testigos saben, y el gobierno estatal también: Quintana Roo se enfrenta a una nueva oleada de ilegalidad frente a un gobierno de coalición (PAN/PRD) débil y un PRI que se niega a soltar el poder y control de las mafias locales.
En Puerto Morelos, Quintana Roo se lleva a cabo la estrategia de acaparamiento ilícito de tierras de la zona costera, nuevos allanamientos con grupos armados bajo protección política. Este seguimiento periodístico documenta las acciones institucionales para la creación de un esquema ilegal con el fin de expropiar terrenos privados -provocando la expulsión de familias de sus hogares y el hurto de sus tierras-, así como zonas naturales protegidas y terrenos pertenecientes al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE).
Bajo las órdenes de Roberto Borge, la extitular del IPAE, Claudia Romarillos Villanueva, se encargó de orquestar la duplicidad catastral y, según las autoridades del nuevo gobierno estatal, secuestró cientos de documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad a fin de vender patrimonio del estado a amigos y familiares de Borge Angulo. Romarillos hoy cuenta con orden de aprehensión y dos amparos vigentes.
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Quintana Roo se divide en once municipios; los primeros siete fueron creados en 1974 por decreto del presidente Luis Echeverría. En 1993 bajo la gubernatura de Miguel Borge Martín (tío de Roberto Borge) y ratificado por su sucesor Mario Villanueva, fue creado el municipio Solidaridad que alberga a Playa del Carmen y la conecta vía marítima con la isla de Cozumel.
En 2008 el gobernador Félix González dividió nuevamente el territorio para crear el municipio de Tulum y el de Bacalar que eran zonas turísticas de bajo impacto ambiental, en esas fechas la casa que el colombiano Pablo Escobar construyó en la costa de Tulum, fue devuelta por el gobierno estatal al grupo criminal aliado que opera aun la zona. El 5 de noviembre de 2015 Roberto Borge creó el municipio de Puerto Morelos a fin de que fuera gobernado por el PRI.
Una característica notable en la reestructuración política de estos territorios se basa en la necesidad de crear nuevos cotos electorales y a la vez segregar y controlar a los movimientos derecho-humanistas y ambientalistas que, durante tres décadas, habían logrado proteger estas áreas del turismo de alto impacto que, como en Cancún, han devastado humedales, contaminado ríos subterráneos, destruido dunas y manglares; elementos vitales para el equilibrio del ecosistema.
La creación de los nuevos ayuntamientos coincide directamente con actos evidentes de violaciones a los derechos humanos, represión policiaca de movimientos sociales y despojos operados por la policía y el gobierno en colusión con empresarios.
Roberto Borge, antes de huir del estado, eligió como candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos a Laura Fernández Piña, sobrina del esposo de la exsenadora Addy Joaquín Coldwell. Pero tuvo que llegar a través del Partido Verde (PVEM) debido al fuerte rechazo dentro de su partido. El PRI y PVEM tienen una alianza ininterrumpida en el estado desde hace tres sexenios. Laura Fernández ganó con un total de tan sólo dos mil 833 votos, pues solamente votaron siete mil 803 personas debido a la opacidad del proceso.
Laura Fernández Piña es una mercadóloga nacida en 1971 en de Torreón, Coahuila. En 1999 fue nombrada directora de Turismo y Relaciones Públicas del ayuntamiento Benito Juárez, gobernado por la priista Magaly Achach, quien fuera coordinadora de los grupos de choque y acarreo electoral de la zona norte (Cancún), para los gobiernos de Mario Villanueva Madrid y Joaquín Hendricks Díaz. En 2002 Fernández fue elegida como delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer, desde donde fomentó el debilitamiento de las organizaciones defensoras de la igualdad.
Al término fue nombrada Secretaria Técnica del gabinete municipal en Cancún, bajo el gobierno priísta de Alor Quezada (2002-2008). Más tarde se convirtió en diputada local (2008-2011) de la XIV legislatura y nombrada presidenta de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, desde donde, con un bloqueo contra la transparencia y medios, operó para el gobernador Félix González la primera fase del mayor endeudamiento de la historia del estado por 13 mil millones de pesos.
Durante su gestión como diputada local, Laura Fernández creó la “Ley Piña” para penalizar todas las formas de interrupción legal del embarazo; criminalizó el caso de una niña de diez años que quedó embarazada como resultado de violación paterna. En 2013 Roberto Borge la nombró Secretaria de Turismo del estado, enfocada en fortalecer la industria hotelera en la zona norte, en particular prometió diversificar la oferta turística de Puerto Morelos. En 2017 se convirtió, contra la ley electoral, en la primera alcaldesa del recién formado municipio sin habitar en él; pues su residencia oficial está en la ciudad de Cancún.
Mientras Fernández llevaba a cabo su campaña electoral fue apedreada dos veces por la población local cuando se dio el primer despojo de terrenos en la zona operada por los mismos grupos de choque que robaron 23 hoteles en Tulum, para los socios del exgobernador Félix González Canto. Despojos encabezados por Javier Rivera Bonilla “alias El frijol”.
En diciembre de 2016 llegaron sujetos armados con Rivera Bonilla a tomar por la fuerza terrenos privados en la zona aledaña a la playa. En febrero de 2017 sucedieron los segundos despojos y en marzo de este mismo año, se fortalecieron las operaciones ilícitas de invasión de terrenos con la utilización de documentos apócrifos, amenazas de muerte y colusión de servidores públicos.
Documentos demuestran cómo Erick Estrella Matos, director de catastro bajo el mando de Laura Fernández, validó que la empresa Gajo del Sureste, S.A de C.V invadiera estos terrenos mostrando falsos registros catastrales y escrituras apócrifas que se encontraban en procesos penales y civiles avanzados.
Diez de las víctimas entrevistadas por este medio presentan la evidencia de los despojos, mientras tomamos fotografías de los terrenos hurtados por sujetos armados. Todas han sido hostigadas y aunque se han reunido con las autoridades, piden que sus nombres completos ya no aparezcan en los medios de comunicación.
“Todo comenzó a fines de diciembre 2016, cuando se dio la primera invasión por parte de la empresa Gajo del Sureste S.A de C.V… los sujetos se fueron extendiendo hasta el 6 de enero a todos los lotes de manzana 7”, asegura la médica. “Nosotros descubrimos en el registro público de la propiedad que también están robándose terrenos del IPAE que están sobre el manglar”.
El abogado afectado responde: “Aquí están todos los documentos, hemos acudido a todas las autoridades, nos hemos reunido para que sepan que se está reproduciendo el patrón de despojos que ustedes denunciaron en Tulum. Nos han dicho que ésta es una situación derivada de un sobreposicionamiento catastral consentido y orquestado desde hace años por el gobierno de Borge y Laura Fernández, sin cumplir con las más mínimas disposiciones de la ley de catastro estatal. Hemos comprobado que está implicado personal de la actual administración de la alcaldesa, de su primer director de catastro Raúl Martín Mendoza y ratificado posteriormente por el segundo director de catastro Erick Estrella”.
La propietaria V.S, quien ha sido amenazada por hombres empuñando machetes, nos muestra presencialmente que sobrepusieron en su terreno un letrero con la leyenda: “Agrupación Gajo del Sureste S.A de C.V” con un número inexistente de cédula catastral.
Según datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, la empresa Gajo del Sureste S.A de C.V tiene como representante legal en octubre 2009 a la empresa turística Papaya Maya S.A de C.V cuyo representante legal es Adalberto Rodríguez Quintero, propietario del parque turístico Chack Balam. Sin embargo, los abogados que han operado los despojos a nombre esa empresa, Mateo Reyes Alpuche y José Luis de la Peña Nava, muestran un acta constitutiva y documentos con el sello de la SHCP que revelan que Gajo del Sureste nace en 2015 en Tecax, Yucatán y su representante legal es Manuel Concha.
La empresa invasora tiene doble documentación; probablemente resultado de la alianza entre los grupos usurpadores, pues la segunda escritura de Gajo del sureste S.A aparece fundada por Gabriela Polanco y Deisy Díaz, la segunda es una mujer de escasos recursos que vive en la región 228 de Cancún en una casa de interés social.
El abogado defensor de los invasores, José Luis de la Peña Nava fue operador de Jorge Emilio González “El niño verde”, mientras fue director de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Playa del Carmen y hasta la fecha cuenta con causas penales abiertas por extorsión y despojo de esa zona. A pesar de ello fue candidato a la alcaldía de Solidaridad presentado por el presidente del Partido Verde Ecologista y por el PRI.
El segundo domingo de febrero 2017 surge otra invasión masiva. Un grupo de más de 40 personas empuñando machetes, bates de béisbol y armas de fuego sacaron a los ocho primeros invasores. En lugar de que las autoridades se involucraran en la devolución de los predios a sus propietarios originales, se presentó el exalcalde Gregorio Sánchez a hablar con ambos grupos invasores, quienes se dividieron los terrenos ocupados. Gregorio Sánchez es actualmente presidente del Partido Encuentro Social. Se hizo acompañar del joven José Antonio Daniel Aguilar Quiroz su jefe de campaña y ex candidato del PES a regidor, a cuyo nombre está un documento con cédula falsa que fue avalado por el nuevo ayuntamiento.
El priista Manlio Fabio Beltrones mandó como su representante en Cancún, mediante un oficio con sello del Senado de la República, a José Antonio Daniel Aguilar Quiroz; de allí que las fuentes al interior del Catastro estatal, le hayan revelado a esta reportera que el verdadero operador detrás del Paquete de Impunidad y despojos de Borge es Beltrones, el precandidato a la presidencia de México y líder del PRI.
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Títulos de Groenlandia y Lituania en México
La constante en los despojos radica en la intervención de notarios para crear escrituras falsas operando junto a directores municipales para validar falsas cédulas catastrales. Los notarios son los mismos que orquestaron bajo idéntico esquema los despojos en Isla Blanca, Tulum y la isla Holbox.
Habla un médico despojado: “La manzana seis donde está mi terreno, quedó en manos del primer invasor Agrupación Gajo del Sureste y la manzana 7 en manos de los segundos invasores cuyo representante legal es Mateo Ramón Alpuche Reyes, poseedor de falsos títulos agrarios. Él nos dijo que su representado es un tal Roberto Pinedo Galván”.
Revisando el título agrario que presenta el abogado Alpuche, descubrimos que su ubicación, por las coordenadas geográficas de la escritura notarial corresponde a un sitio cercano a Groenlandia.
Durante una visita al catastro municipal del municipio Benito Juárez, la reportera recibió la siguiente respuesta de la empleada municipal: “Pues yo creo que quien empadronó los hizo indebidamente, sin checar ubicación, eso está en un país muy lejos de aquí. No es legal”.
Otro título de propiedad de 12 hectáreas presentado por los invasores ante la alcaldía de Puerto Morelos, y validados por Erick Estrella es el número 51379, supuestamente expedido por la Reforma Agraria, pero en registros de libros y captura electrónica oficial aparece como propiedad del estado a nombre del IPAE. Dicho documento a nombre de Juan Ángel Cervantes Rodríguez marca las coordenadas Norte 54·, 33¨, 17.7” Longitud Oeste, 25·, 34´,47.9”. Estas corresponden a un punto que se encuentra en el Océano Atlántico en la costa europea, a pesar de haberlo demostrado, la tesorería municipal aceptó el pago de $24,595.92 pesos mexicanos.
La doctora expresa: “Desde un principio todos los vecinos de Punta Brava y la costa de Puerto Morelos hemos denunciado tanto al gobierno municipal como estatal. Juntos les entregamos en propia mano tanto a la presidenta municipal Laura Fernández como al gobernador Carlos Joaquín una relatoría de las investigaciones, denuncias y testimonios. Vivimos con mucho miedo”.
Mientras documentábamos este caso y acudimos a entrevistar al personal responsable del ayuntamiento de Puerto Morelos, Erick Estrella empleado de catastro fue supuestamente removido de sus funciones, pero los invasores y letreros siguen intocados. Ese jueves 13 de julio, de regreso de documentar el caso, en el semáforo de la gasolinera de Puerto Morelos fui interceptada por un joven que parecía vender algo, se acercó a mi vehículo y me dijo “no se meta periodista, aquí los dueños son los de la última letra”. Seguí conduciendo y busqué de inmediato al abogado de Artículo 19 para reportarle el incidente como medida de prevención.
Hasta que medios locales documentaron algunos despojos, el gobernador Carlos Joaquín les ha recomendó hablar con funcionarios estatales. Todos coinciden en que les “están dando largas” mientras los invasores están construyendo en sus terrenos sin permisos de ninguna especie.
Red de funcionarios
Uno de los abogados despojados explica “durante los últimos 5 meses hemos tenido reuniones con secretario de SEDUVI, con Carlos Ríos secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, también con el fiscal Miguel Ángel Pech Cen. El gobernador supuestamente creó una comisión exprofeso para la investigación de situaciones como la nuestra el todo el estado. Esa comisión la encabeza Juan Vergara, el nuevo Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pues de él dependen los registros públicos de la propiedad. Nos reunimos con el director y subdirectores del IPAE y también con el catastro del estado”.
Ante la pregunta de si dicha comisión les ha respondido cómo pueden permanecer sujetos armados que están destruyendo la duna y el manglar de zona protegida por SEMARNAT, hombres y mujeres responden que no hay argumentos. Intercede entonces la doctora “Se supone que iban a detener trámites y cobros de la zona invadida. Siguen cobrando y otorgando documentos apócrifos que han permitido el despojo mediante escrituras nuevas, posfechadas, basadas en otros títulos agrarios hechos en lugares como Xochimilco en la Ciudad de México, o en Puebla. El cobro de predial a los invasores causa un conflicto legal pues implica que la autoridad local reconoce sus documentos y el cambio de uso de suelo”.
Un fraude anunciado desde 2004
El viernes 14 de julio de 2017 esta reportera testificó una nueva invasión, ahora de la manzana 3 y de nueva cuenta al patrimonio estatal (IPAE) y por más de 12 hectáreas. Este terreno sin salida al mar es propiedad del empresario chetumaleño José García Coral, dueño de la empresa inmobiliaria Sakura S.A de C.V y quien desde 2007 se vio involucrado en una compra fraudulenta con la Semarnat de “terreno ganado al mar” en Puerto Morelos. A pesar de ello García Coral ha logrado permisos de SEMARNAT con un proyecto denominado Ecopladesa S.C bajo el argumento de “rehabilitación de duna costera y proyecto La Vista”, en la página 4 de dicho documento en manos de este medio en el rubro “estudio de riesgo y modalidad” la respuesta es “no se requiere”; basta decir que el terreno está rodeado de duna, áreas protegidas y manglar que la ley impide modificar.
En mayo 26 de 2016 el Concejo Municipal de Puerto Morelos impuesto por Borge, aprobó los cambios de uso de suelo para el proyecto “La Vista” y sin revisar documentos del RAN, avaló ilegalmente la superposición catastral para robarse más de diez hectáreas privadas y públicas. García junto a sus nueve socios de CostaRealty con oficinas en Canadá, ya ha puesto a la venta los terrenos despojados de Punta Vista como un desarrollo de lujo idéntico al que está en litigio por despojos en Holbox.
García Coral ha eliminado ilegalmente zona de duna protegida y aunque sí es propietario legal de un terreno, este no tiene salida al mar.
Justamente los terrenos frente al suyo que le darían entrada al mar, han sido invadidos con violencia, armas y amenazas. Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 29 de mayo de 2017 José García Coral acreditó ser propietario de 47 hectáreas de terrenos ganados al mar, que le fueron escriturados por el notario # 20 Benjamín de la Peña Mora, bajo el folio 30625. El supuesto vendedor, según acta notarial, fue el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) José Luis Luegue. El “polígono dentro del mar” fue vendido por la cantidad de 5 millones de pesos. García Coral tiene el proyecto, desde aquellos tiempos para la construcción de un Home Port (puerto marítimo). En 2007 el entonces gobernador Félix González Canto apoyó a José García para que lograra la construcción y operación de la terminal portuaria Punta Brava, sin embargo, los grupos ambientalistas impidieron que se construyera debido al impacto que éste tendría en zonas naturales protegidas y en la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo que está localizada en Puerto Morelos. Hicimos tres llamadas a las oficinas de García Coral para solicitar entrevista, esta fue denegada por la secretaria bajo el argumento de que el “contador está muy ocupado”.
Planes extralegales
El 4 de mayo de 2016 el Tribunal Electoral aprobó la candidatura de Laura Fernández Piña para gobernar el nuevo municipio de Puerto Morelos. Esa misma semana se llevaron a cabo dos reuniones privadas entre los candidatos del Partido Verde Ecologista Remberto Estrada, su mejor amigo y padrino político Jorge Emilio González Martínez “el niño verde”, con Laura Fernández para reforzar la alianza del control de Cancún y Puerto Morelos bajo el liderazgo empresarias del PVEM. Dos testigos de dicha reunión, aseguran que el trato fue “respetar los acuerdos con Roberto Borge, para que se dividan los linderos costeros entre Cancún y Puerto Morelos y todos salgan ganando en la promoción de la venta de terrenos”.
Una de las testigos aun pertenece al PVEM y se dice indignada frente a los actos de corrupción, pero imposibilitada a denunciar, porque el partido no tiene controles internos contra la corrupción y por miedo a venganzas que puedan costarle la vida. José de la Peña, presidente local del PVEM es hijo de Benjamín de la Peña Mora, Notario # 20 que ha registrado los terrenos invadidos basados en documentos apócrifos.
Vale recordar que el 24 de febrero de 2004 Jorge Emilio González, presidente del PVEM fue captado en una grabación evidenciado por el diario El País y reproducido por los medios mexicanos. La negociación consiste en lograr que se aprobaran, mediante corrupción, permisos de construcción hotelera vía el cabildo de Puerto Morelos. El “niño verde” negoció dos millones de dólares a cambio de lograr que esos permisos se otorguen para un puerto en la zona costera.
“Eso sí a los particulares que estamos empadronados no nos dejan ni pagar predial por el bloqueo a modo que realiza la alcaldesa Laura, pero a los que nos están robando y amenazado de muerte les permiten pagar como si fueran propietarios”. Mientras habla una de las víctimas, con tono desesperado, mostrando sus documentos legales ratificados por autoridades federales y por el registro público en Chetumal, así como por el registro agrario nacional (RAN), interviene un hombre maduro que lleva más de cuarenta años viviendo en Quintana Roo y es miembro de los grupos ambientalistas: “mira Lydia, hace cinco días entraron a mi negocio hombres encapuchado y con armas para decirnos que dejemos de ir a pedir ayuda al gobierno, tenemos miedo, porque sabemos que detrás de Laura está Félix González Canto, el gobernador que encarceló a Aracely Domínguez”.
Aracely Domínguez es, desde hace treinta años, una respetada ambientalista, reconocida internacionalmente por su labor educativa y de protección del medio ambiente, promotora del ecoturismo y experta en la protección de recursos natrales y calentamiento global. La fundadora y presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) fue encarcelada por órdenes del gobernador Félix González Canto en un juicio amañado por supuestamente haber difamado a un empresario que introdujo ilegalmente 28 delfines de las Islas Salomón, ella es quien logró convocar a la sociedad civil para salvar la destrucción de Tajamar. La ley le dio la razón a la activista, pues es ilegal introducir especies exóticas. La ambientalista ha ganado una serie de duras batallas después de su encarcelamiento y el subsecuente hostigamiento del gobierno de González Canto y Borge Angulo. Ella es habitante de Puerto Morelos y también ha sido despojada de su pequeño terreno.
Con procedimientos ilícitos de documentos falsificados, alterados o manipulados por las autoridades coludidas, los despojos de Puerto Morelos reproducen el mismo modelo de robo de tierras y propiedades de Tulum, Majahual, Holbox, Isla Blanca y Akumal. Los actores son los mismos en todos los casos, tanto los líderes de macheteros y hombres armados, como las y los políticos y notarios implicados; lo único que cambia es el nombre de los empresarios dispuestos a aceitar la maquinaria de corrupción que utiliza como escudo a supuestos miembros de la delincuencia organizada.
Con escrituras fraguadas en 24 horas, libertades de gravamen entregadas días antes de la salida de Roberto Borge, miles de documentos y firmas falsificadas, tanto de jueces como de peritos, Quintana Roo parece estar sometido al pillaje político empresarial sin contención legal. Los compromisos electorales del PRI/PVEM para esquilmar a Puerto Morelos se están cumpliendo bajo el mando de la alcaldesa Fernández Piña, ex secretaria de turismo de Roberto Borge y amiga personal del ex gobernador y actual senador Félix González Canto. La alianza PRI/PVEM sigue avalando los despojos y la destrucción de zonas protegidas, el robo de terrenos privados y públicos frente a la mirada de la comunidad y del gobernador Carlos Joaquín.
Detrás de ella hay más de una década de planeación institucional para despojar de sus tierras, hogares y negocios a cientos de familias que han entregado su vida a Quintana Roo y cuyo trabajo ha mejorado la economía y sustentabilidad del estado. Mientras el gobierno estatal demuestra su incapacidad para controlar las operaciones ilícitas que lleva a cabo Fernández Piña utilizando a las instituciones como instrumentos de falsificación y duplicidad catastral, aumentando los impuestos y planificando, desde ya, su reelección en 2018. Puerto Morelos tiene 8 mil habitantes y el nuevo ayuntamiento una nómina de 700 personas. (Fuente: Reportaje realizado y documentado por la periodista Lydia Cacho, de Aristegui Noticias).
