Durante años fue uno de los hombres más poderosos de México, el líder que encabezó la guerra contra los carteles de la droga. Hoy, a sus 54 años, Genaro García Luna es el más altos funcionarios mexicanos jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.
Su juicio arranca este martes 17 de enero en un tribunal de Brooklyn en Nueva York, la misma ciudad en que Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, fue juzgado entre 2018 y 2019.
De esa vista salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades del cartel.
Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del grupo liderado por El Chapo para llevar cocaína a EE.UU. mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.
También enfrenta cargos por delincuencia organizada y mentir a las autoridades estadounidenses.
De probarse las acusaciones podría pasar entre diez años y el resto de su vida en prisión.
La sentencia, tras un juicio que se espera que dure semanas, dictaminará hasta qué punto el crimen organizado se infiltró en la cúspide del poder mexicano durante una de las épocas más cruentas de la guerra entre el Estado y el narco.
¿Quién es?
Ingeniero de formación, Genaro García Luna fue reclutado en 1989 como investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó un agresivo combate al narcotráfico que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos.
Al término de la administración de Felipe Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida en Estados Unidos, donde residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
¿De qué se le acusa?
El proceso contra García Luna se interpreta como una especie de secuela del llamado “juicio del siglo” contra el “El Chapo” Guzmán, que se resolvió con cadena perpetua contra el capo de la droga.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa dijo durante el juicio a El Chapo que se había encargado de entregar maletas con al menos US$6 millones en efectivo a García Luna en 2005, 2006 y 2007.
Fiscales estadounidenses acusan al ex funcionario mexicano de aceptar los millones para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
El gobierno de Estados Unidos alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total enfrenta cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
El exsecretario de seguridad se declara inocente de todos los cargos.
Su defensa argumentará que, de hecho, su cliente era colaborador de la Administración de Control de Drogas estadounidense (más conocida por sus siglas DEA).
Otras polémicas
Más allá del juicio, García Luna protagonizó varias polémicas durante su etapa en la seguridad mexicana.
Antes de explotar su caso, una investigación del canal Univisión reveló nexos cuestionables con un empresario privado de seguridad que se habría beneficiado de la guerra contra las drogas que él liberaba.
Una de las situaciones más polémicas sucedió cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones.
Era diciembre de 2005 y millones de mexicanos vieron por televisión cómo sus agentes entraron a un rancho en el sur de Ciudad de México para arrestar a la ciudadana francesa Florence Cassez y a su compañero, Israel Vallarta, quien confesaba ante las cámaras el secuestro de tres personas.
Todo fue un montaje, Cassez y Vallarta habían sido arrestados el día anterior. Según García Luna, el show televisivo fue “una recreación” pedida por las televisoras, con las que mantenía una relación muy cercana.
El caso Cassez-Vallarta desató un conflicto diplomático con Francia y, en 2013, la Suprema Corte mexicana ordenó suspender una condena de 60 años contra Cassez por considerar que la transmisión “contaminó” el juicio en que fue declarada culpable.
A García Luna también se le criticaba su costumbre de mostrar en medios a muchos detenidos que luego resultaban absueltos.
Organizaciones civiles denunciaron duramente su uso de testigos protegidos en procesos judiciales para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico.
Sin embargo, nada ha pesado más sobre su currículo que el elevado número de muertes que dejó su sangrienta lucha contra el narcotráfico, considerada como infructuosa y contraproducente por muchos.
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