Tras la aprobación de la Ley Olimpia, que se clasifica como delito de violencia digital, la vocera del colectivo Defensoras Digitales de Quintana Roo, Gracia Alzaga, hizo una llamado a denunciar a quienes difundan contenido íntimo sin su consentimiento.
Gracia Alzalga explico que la Ley Olimpia considera sanciones que van de 4 a 8 años de prisión, para los que publiquen, revelen, compartan o altere contenido de imágenes estáticas o en movimiento, grabaciones de voz y correos de cualquier persona sin su aprobación, específicamente de índole sexual o erótico.
“Somos el estado número 24 que aprueba esta ley. En diciembre del 2019 se comenzó a impulsar mucho más en diferentes estados y a partir de este año se empezó a divulgar que estamos avanzando, y Quintana Roo no se podía quedar atrás”, señaló.
Además argumentó que el problema de difundir contenidos digitales íntimos por medios electrónicos entre parejas sucede porque creen tener el derecho de hacerlo y piensan que el espacio virtual es diferente al real cuando no es así.
Cuando compartes una fotografía, tú la estás compartiendo con una persona, no con todos”, explicó.
Asimismo, están los casos de extorsión, “porque puede afectarle a cualquier persona; tenemos derecho, todos y todas de sentirnos seguros en espacios de internet, y buscar la manera de impulsarlo”.
En ese sentido, continuó, a pesar de que principalmente son las mujeres quienes padecen este tipo de violencia, también llega a alcanzar a los hombres, aunque en menor medida.
“Todo empezó con Olimpia, ella es la mente maestra de esta iniciativa en todo el país. Fue víctima de violencia digital con un video de ella teniendo relaciones sexuales, pero en el momento de denunciar no estaba tipificado como delito, entonces ella se puso a investigar sobre violencia digital, se juntó con otras mujeres y todo llegó a la conclusión de que se tenía que hacer una reforma para que las mujeres estuvieran seguras”, apuntó.
En Quintana Roo, agregó, el impulso a la Ley Olimpia comenzó desde el colectivo Defensoras Digitales, junto con los diputados Alberto Batún, José Luis Guillén y Atenea Gómez.
“Es un paso, un punto de partida para sentirnos seguras en internet; nosotras no buscamos meter a todo el mundo a la cárcel, reconocemos que no es lo ideal, pero sí se tiene que poner en el Código Penal porque esta violencia es grave y atenta contra la vida de las personas que llegan, inclusive, a quitarse la vida. Entonces hay que ver la magnitud del problema y exhibirlo para crear medidas positivas que puedan ayudarlas”, aseveró.
