CHETUMAL, Q. ROO. –Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, rechazó el nombramiento de Julián Leyzaola como asesor operativo de Seguridad Pública en Benito Juárez, por su historial de violaciones a derechos humanos, a través de un pronunciamiento.
Sosa Guillén comentó que este hecho preocupa a este organismo, dado que se ha constatado reiteradamente la violación a los derechos humanos bajo su encargo en dependencias municipales de seguridad pública de otras entidades federativas.
En este sentido se documentó que en las recomendaciones 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 10/2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y la 23/2016 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Leyzaola Pérez ha sido señalado como autoridad responsable por hechos violatorios de derechos humanos consistentes en Tortura, Detención Arbitraria, Allanamiento de Morada, además de que se le dirigió la Recomendación 04/2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California durante su desempeño como Secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.
Y agregó que dado la magnitud de lo expuesto; no es ocioso recordar, que una recomendación se emite una vez que el organismo público constitucional y autónomo defensor de los derechos humanos ha acreditado los hechos violatorios, a través de evidencias, testimonios, testigos y otros elementos que conforman el desahogo de una investigación apegada a derecho.
Es de observarse que, en las tres recomendaciones, emitidas por los organismos públicos de derechos humanos nacional y estatal, se reitera la implicación del mismo en hechos relacionados con la tortura, el cual es un acto proscrito en todo el mundo y un crimen de derecho internacional.
Bajo esta premisa expreso un enérgico rechazo al nombramiento de Julián Leyzaola Pérez, puesto que de acuerdo a lo que se estipula en el artículo primero constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por el contrario, al nombrar a Leyzaola Pérez en un cargo sensible que involucra atención ciudadana para la prevención de los delitos, se contraviene dicha obligatoriedad constitucional, pues el historial del ahora asesor operativo en seguridad pública en Benito Juárez, demuestra la falta de compromiso con los derechos humanos.
De igual manera extraña que el gobierno municipal de Benito Juárez Quintana Roo, haya desestimado este antecedente para ponerlo al frente de dicha encomienda.
