CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del estado se pronunció en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal y Ley de Salud de la diputada independiente Sonia López Cardiel quien propuso esterilizar a mujeres que soliciten por segunda ocasión realizarse un aborto argumentando su situación económica complicada, al advertir violaciones a los derechos humanos.
Respecto a la información que publicó La Jornada Maya en relación a la propuesta de la legisladora quien es suplente como diputada de la edil de Morena en Solidaridad, Laura Beristaín Navarrete, el Consejo Consultivo emitió un comunicado en el que advierte un sentido de discriminación.
En el oficio que se señala, el Consejo Consultivo encabezado por el Ombudsman Marco Antonio Toh Euán, señala que la propuesta del artículo 97 bis para el Código Penal, que señala que “quien encontrándose dentro de lo establecido en el artículo 97 fracción V tenga la intención de someterse por segunda ocasión a la práctica del aborto no punible, deberá previa practica firmar una carta de consentimiento informado en cuanto a ser sometido a la aplicación de un método anticonceptivo definitivo”.
Esta iniciativa añade que “de no ocurrir lo anterior las instituciones de salud pública en el estado no estarán obligadas a otorgar el servicio consistente en el aborto “no punible” y, si la persona se sometiera al mismo, será sujeta las sanciones establecidas en el artículo 93 del presente Código”, es decir, a un sanción penal.
Dicha propuesta es discriminatoria en dos sentidos, acota la Comisión de Derechos Humanos.
Abunda en que en primer lugar porque restringiría el derecho de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente los relacionados a decidir cuántos hijos tener y a elegir los métodos de planificación familiar que se adecuen a su persona.
En segundo lugar, porque dicho precepto que se establece en la fracción V que se relaciona con las condiciones socioeconómicas graves de la pareja), aplicado a mujeres que vivan en situación de pobreza, sean sometidas a un procedimiento permanente de anticoncepción.
“Es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada, pues condicionaría a mujeres que vivan en situación vulnerable al acceso a un servicio de salud pública. Si bien se señala que se debe firmar una carta de consentimiento informado, el resultado de ello debe ser autónomo e independiente para acceder al procedimiento antes mencionado”, cita.
Esta medida planteada por la legisladora Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud representa una medida punitiva y discriminatoria que refleja “prejuicios y estereotipos de género, ya que se castigaría la mujer por abortar, y de manera específica, a las mujeres que viven vulneradas y empobrecidas, sin tomar en cuenta las distintas situaciones que viven las mujeres en las que el aborto se volvería una opción”.
Por lo anterior, sugieren se reconsidere dicha iniciativa e incluir en su caso las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana relacionadas con las violaciones a derechos humanos de mujeres indígenas y otros por prácticas de esterilización forzada, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y otros instrumentos como los informes de los Comités especializados derivados de tratados internacionales que atañen la despenalización del aborto.
Y sugiere también revisar el concepto de Interés Superior de la Niñez ya que en la iniciativa se usa como argumento para el acceso a la práctica del aborto, siendo que ésta es una cuestión relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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