CHETUMAL, Q. ROO.- Diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo, de mayoría priIsta y entre ellos la actual senadora Marybel Villegas, deberán responder sobre la prórroga irregular de la concesión a Aguakan que aprobaron en 2014 y que derivó en el desvío de más de mil millones de pesos que Roberto Borge recibió, a cambio, de la empresa, y de los 560 millones del crédito que contrató CAPA y del cual la misma concesionaria aceptó, en reciprocidad, ser aval.
El destino de los mil 50 millones de pesos que pagó Aguakan a Borge ha sido una de las líneas de investigación abiertas por las autoridades federales en contra del ex gobernador preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido de la función pública.
La concesión a Aguakan otorgada en 1993 para prestar el servicio en Cancún e Isla Mujeres debía haber vencido en 2023; sin embargo, los diputados locales del PRI aprobaron una prórroga anticipada por otros 30 años en diciembre de 2014 y la incorporación del municipio de Solidaridad en el mismo contrato, sin la mínima transparencia ni concurso y pese a que la concesionaria había acumulado tan sólo ese año más de 300 mil quejas en la Procuraduría del Consumidor, a razón de 30 mil mensuales, por fugas, falta de suministro, rebosado de agua, baja presión y cobros indebidos.
Marybel Villegas, al igual que la mayoría priista, no pudo haber quedado ciega momentáneamente como para no ver las irregularidades en la concesión y la recurrente falta de cumplimiento al contrato por parte de la empresa que desde que entró en operaciones en 1994 y hasta 2015 había ingresado a sus arcas 120 mil millones de pesos pagados por los usuarios del servicio, y sólo había invertido mil 500 millones en infraestructura, lo equivalente a tres meses de facturación.
Marybel Villegas debe responder ahora como senadora de Morena, partido en franca cruzada contra la corrupción, por qué votó a favor de mantener a más de la mitad de la población de Quintana Roo como rehén de Aguakán hasta 2053. Y por qué aceptó, con eso, ser cómplice de uno de los mayores desvíos de recursos a las finanzas públicas de la entidad, pues hasta la fecha se desconoce el destino de los mil 50 millones que recibió Borge y de los 560 millones del crédito que contrajo Capa.
En 2014 la prórroga de la concesión representaba 900 millones de pesos de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El 11 de diciembre, horas antes de la sesión cerrada y de madrugada en la que se aprobó el decreto, Aguakan ingresó sus acciones a la BMV por cinco años y con eso Roberto Borge pudo obtener, a través de Capa, el crédito de 560 millones convirtiendo a la concesionaria en su aval.
¿Qué recibió a cambio Marybel Villegas? Una clave sería la lujosa residencia que estrenó tiempo después en el exclusivo conjunto Lagos del Sol y la Notaría que obtuvo su esposo, también sin concurso de por medio.
Denuncias debe hacerse a los que otorgaron la concesión
-¿Hubo corrupción? ¿A quién benefició? ¿Por qué quienes dieron esa autorización hoy quieren que se acabe?, cuestionó el gobernador Carlos Joaquín.
El gobernador de Quintana Roo dijo en entrevista, que en coordinación con instancias federales, su administración investiga el origen y las causas de la concesión irregular a la empresa Aguakan que opera en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Benito Juárez y Solidaridad.
“Debemos verificar el momento de otorgar la concesión, si hubo actos de corrupción, verificar las causas y el origen de lo que hoy se considera un problema. Investiguemos quién aprobó y si hay acciones de corrupción alrededor de quienes la otorgaron y avalaron su servicio con la ampliación de la concesión a Solidaridad”.
Cuestionado sobre las declaraciones de la senadora Marybel Villegas en el sentido de que su gobierno no ha hecho nada por revocar la concesión a la empresa Aguakan, el mandatario se refirió a la pertinencia de analizar quién otorgó esa concesión y descubrir por qué quienes dieron esa concesión hoy quieren que se acabe.
Las denuncias penales –dijo- deben hacerse a los que otorgaron la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Anunció que para fortalecer la investigación, solicitará a la Auditoría Superior y a la Contraloría revisar posibles actos de corrupción a través del otorgamiento de notarías o pagos a cambio de beneficios o favores.
Independientemente de esto, recordó que su administración continúa con los procesos jurídicos iniciados en 2016 con la revisión de la concesión o su revocación por la falta de cumplimiento a los requerimientos de la ciudadanía. (La Palabra del Caribe/ La Verdad)
