Como si un ferrocarril y un aeropuerto internacional no fueran suficiente, la Cuarta Transformación, a través del Congreso del Estado, le dio su regalo navideño a los ciudadanos de Quintana Roo, al revocar la concesión del servicio del agua potable, que el corrupto gobierno priista de Roberto Borge había extendido hasta 2053.
De forma sorpresiva, la Legislatura local, dominada por Morena y sus aliados, aprobó en sesión extraordinaria derogar la extensión de la concesión a la empresa Aguakan, en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Puerto Morelos, que a partir del año próximo volverán a tener soberanía sobre este vital líquido.
El decreto aprobado de obvia y urgente resolución fue producto de un largo trabajo jurídico realizado en sigilo por parte de la XVI Legislatura, con apoyo por parte del Gobierno del Estado que hoy encabeza Mara Lezama Espinosa, gobernadora morenista que hizo suya la consigna de la Cuarta Transformación de no permitir la privatización del agua potable.
También Conagua recibió el encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de auxiliar en el análisis de la documentación y el marco legal, para llegar al punto en que hoy estamos.
Pero no solo es un tema de principios: también se escuchó (¡finalmente!) a los ciudadanos que por años criticaban el deficiente servicio y los exagerados cobros de esta empresa.
Por demasiado tiempo, estas familias escuchaban cómo distintos candidatos prometían poner fin a Aguakan, solo para ver que, una vez llegados al poder, estos políticos se olvidaban del tema o incluso simular iniciar algún litigio.
Después de múltiples gobiernos de distintas siglas, fue finalmente con Mara Lezama de gobernadora que se tomaron acciones concretas. Los diputados locales y funcionarios estatales habían guardado completo hermetismo, para no alertar a los abogados de Aguakan, empresa que obtiene ganancias superiores a los mil millones de pesos anuales. No faltaban las críticas de la prensa por la supuesta falta de acción, sin saber que se preparaba una estocada mortal en contra de la concesionaria.
Para entender el decreto de hoy, hay que remontarnos a 2014. El gobernador Roberto Borge ya había desangrado las arcas públicas lo más posible, a través del desvío, en endeudamiento y el remate de terrenos. Aguakan, al parecer, estaba al tanto de esta situación, y cerca del fin de año, propuso extender su concesión de forma adelantada, para que en lugar de concluir en 2023, fuera alargada por otros 30 años, además de sumar a otro municipio al contrato, Solidaridad. A cambio, entregaría mil 50 millones de pesos como contraprestación.
La voracidad de este gobierno priista era tanta, que en cuestión de semanas ya estaba aprobado este trato. Esto significó realizar una sesión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, obtener las aprobaciones de Cabildo de los municipios, redactar una iniciativa de decreto y que la aprobara el Congreso del Estado en “fast track”, para lograr la firma y publicar la extensión en el Periódico Oficial. En diciembre, la mencionada comisión recibió el dinero prometido, que los quintanarroenses jamás volvieron a saber.
Una revisión “forense” de todo este proceso reveló que por las prisas no respetaron la ley. El convenio, tal como fue aprobado por el Congreso del Estado, fue modificado, para añadirle trabas a cualquier proceso de revisión o de revocación de contrato, pero estos cambios ya no fueron presentados al Legislativo para que lo ratificaran, sino que este contrato fue directamente publicado.
A causa de lo anterior, esta extensión de concesión es ilegal (ya que las autoridades en turno no pueden firmar un contrato por un periodo superior al de su mandato, sin aval del Congreso). Al revocarse el decreto, queda en vigor la anterior concesión, que concluye en diciembre de 2023, por lo que a partir del 1 de enero de 2024, será CAPA quien brinde el servicio de agua potable a todos los municipios de Quintana Roo.
La medida es un triunfo para la ciudadanía de los cuatro municipios mencionados, que logra expulsar a una empresa onerosa y odiada, pero además el fin de Aguakan será de gran ayuda para todo Quintana Roo. Ello, porque antes de la privatización, el dinero recaudado del agua potable en los municipios turísticos era usado para mejorar la infraestructura de las comunidades mayas y marginales. Desde el corrupto contrato de Borge, una empresa particular obtenía millonarias ganancias de los municipios más ricos, mientras CAPA funcionaba sin suficientes recursos para atender los más pobres. Ya no más.
Después de esta efectiva labor por parte de la gobernadora Mara Lezama y el Congreso del Estado, queda ver si CAPA está a la altura del desafío planteado y demostrar estar listo para hacerse cargo del servicio de agua potable en el norte de Quintana Roo, además de cuidar el proceso de entrega-recepción de toda esta infraestructura y blindarse de posibles actos de sabotaje de Aguakan.
Regalo navideño de la 4T a Quintana Roo: revocan privatización del agua
