PLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- Además de las investigaciones relativas a la Dirección de Obras Púbicas, la Contraloría, Tesorería, entre otras, el tema de la adquisición, operación y mantenimiento de vehículos oficiales es una de las aristas que evidencian más irregularidades. Reportes oficiales apuntan a que la renta de vehículos sería, presuntamente, una de las prácticas favoritas de la administración de Mauricio Góngora para malversar dinero público.
Trasciende también que los vehículos que fueron rentados durante la gestión de Mauricio Góngora Escalante, sólo habrían considerado ese fin, es decir, no se rentaron con opción a compra, esto es, Leasing. Este tipo de rentas, el mismo esquema que es usado en la actual administración de Benito Juárez, destaca porque el pago por renta representa, al final, un monto mayor al precio de un vehículo nuevo. Pero también representa un zaguán para administraciones opositoras para abrir investigaciones.
Toda esta evidencia se suma a la que la presente administración integra ante la autoridad judicial; fue la propia presidenta municipal, María Cristina Torres Gómez quien acotara en entrevista que, más allá de los procesos municipales de auditoria, Mauricio Góngora Escalante estaría siendo investigado en términos de las leyes penales: “(la información sobre el parque vehicular), y eso es obviamente parte de los procesos judiciales que estamos llevando”.
Además del manejo irregular en los esquemas de adquisición, que presuntamente habría representado ganancias por actos de corrupción y malversación para determinados funcionarios públicos, los montos se incrementaron con la estrategia de mantenimiento del parque vehicular, donde trascienden actos de burda lógica como, por ejemplo, reemplazar la batería de la avioneta del municipio con otra diseñada para ser usada en un carro particular.
También se reportaba el pago de mantenimientos que luego no aparecían en las bitácoras de los vehículos, especialmente en la avioneta, la cual debe contar obligatoriamente con dicha bitácora para cumplir con la estricta normatividad de la aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal. Destacan también facturas por servicios que se habrían hecho a la misma avioneta pero que describen a otra aeronave, una de distintas prestaciones.
No obstante, en el resto de los casos, dichas bitácoras eran inexistentes, con lo que la falsedad en la información relativa al mantenimiento de cada unidad fue cien por cien factible.
Cabe destacar que aún en el caso de los camiones recolectores de basura, el poco claro esquema de adquisición o arrendamiento dio como resultado que para la última parte de la administración del sujeto a investigación judicial, Mauricio Góngora Escalante, las condiciones de esas unidades fuera inoperable, aunque desde el primer año de esa administración, los camiones recolectores presentaban ya problemas con el sistema de recuperación de lixiviados, defecto que no se reparó hasta que los camiones se convirtieron en chatarra.
ACTUAL ADMINISTRACIÓN ACTÚA POR EL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR
Para la presente administración, las cuentas claras sobre la adquisición, operación, mantenimiento y baja del parque vehicular ha sido una prioridad, de manera que el Cabildo, recientemente aprobó un reglamento para la operación de vehículos oficiales, el cual obliga a la existencia de bitácoras, el uso de números económicos y reportes que destacan desde el nombre de quién tiene asignado el vehículo, el lugar donde habrá de ser resguardado durante las noches, el reporte de servicios, el informe del uso diario y desde luego, la forma en que fue adquirido.
Según datos proporcionados en entrevista por la presidenta municipal, a la fecha el municipio de Solidaridad cuenta con 200 vehículos, de los cuales 34 por ciento son renovados. Asimismo, Torres Gómez destacó que al inicio de la administración y con vehículos insuficientes para actividades torales como la seguridad pública, su administración se dio a la tarea de rentar vehículos, pero la renta fue con fines de compra por lo que, aún en esos casos, al final de la administración, esos vehículos estarán en el inventario.
Las investigaciones por irregularidades en el rubro de adquisición o renta de vehículos relacionan no sólo a los funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de corrupción, sino a las empresas o particulares quienes se prestaron a ser la parte complementaria en los ilícitos.
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