César Alejandro Espinoza, gerente de la empresa, afirma que pagaron 1,079 mdp a la administración de Roberto Borge Angulo por 38 años más de concesión
CANCÚN, Q. ROO.- Aguakán asegura tener argumentos sólidos para retener el título de concesión de agua potable en Quintana Roo, luego de que en el Congreso del Estado y los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos se han emprendido acciones concretas para cancelar dicho contrato.
César Alejandro Espinoza Rodríguez, gerente de verificación de proyectos y obras de Aguakán, ofreció una entrevista para fijar la postura de la empresa respecto de muchas de las cosas que se han ventilado en los medios de comunicación a raíz del punto de acuerdo aprobado en el Congreso del Estado para revisar y eventualmente rescindir la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado que la empresa ofrece desde 1994 en Benito Juárez e Isla Mujeres, y a partir de 2015 en Solidaridad.
“Al día de hoy, primero decir que no existe, por más que haya mucho ruido en los medios, ninguna solicitud directa a la concesionaria ni del Congreso ni de los municipios, ni de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) indicando que existe una intención formal de revocación de la concesión. Partiendo de allí no hay por el momento ninguna acción que Aguakán esté adoptando para protegerse”, explicó el directivo.
Al no existir, “por el momento”, nada legal contra que defenderse, la empresa ha optado por buscar acercamiento tanto con el gobierno estatal a través de CAPA, como con los cuatro municipios en donde presta sus servicios para continuar con sus planes de obra e inversión a los que está obligada por contrato.
MILLONARIAS GANANCIAS
Espinoza Rodríguez explicó que pese a los ataques en contra de la empresa, Aguakán es un activo económico que aporta ingresos a las arcas de los municipios, pues no sólo pagó 1,079 millones de pesos a la administración de Roberto Borge Angulo como contraprestación por extenderle 38 años más el título de concesión, también está obligada a pagar 10% de los ingresos anuales de la empresa a los municipios donde opera. Dicho pago no puede ser menor a los 30 millones de pesos, aunque la empresa reporte ingresos menores, aseguró.
Está obligada además a invertir 11.4% de sus ganancias anuales, lo cual significa que entre 1994 y 2015 ha inyectado un total de 2,158 millones de pesos en infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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Aguakán asegura que realiza más de 5,600 análisis al mes sobre la calidad del agua que suministra a los hogares.
Según los análisis que realiza Cofepris, el agua que suministra Aguakán a los hogares cumple con la NOM 127 de la Secretaría de Salud, la acredita que es apta para el consumo humano, incluso para ser bebida.
La empresa asegura que si bien el agua es un derecho humano, consagrado por las leyes mexicanas, dicho derecho no implica la gratuidad del suministro, lo cual fue ratificado en el reciente fallo parcial otorgado por un juez que favoreció a la empresa en contra de un usuario al que se le mandató pagar más de 10,000 pesos para el pago de la tarifa mínima, la cual está prevista en la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios de Agua Potable. Dicho fallo no es aún definitivo.
Respecto de los cobros excesivos al mes, la empresa asegura que las tarifas no las fija la empresa, sino que están sujetas a lo que marca CAPA. Además de que las tarifas en Quintana Roo se sitúan en la media nacional, respecto del resto de las entidades federativas.
EN SOLIDARIDAD
En este municipio, la presidenta municipal Cristina Torres, asumió durante su toma de protesta el compromiso de revertir la concesión del agua potable aprobada por la administración de su antecesor Mauricio Góngora a instancias del ex gobernador Roberto Borge.
“Que se escuche fuerte y que se escuche claro: pelearemos por los cauces legales para revertir esa dañina concesión”, dijo durante la ceremonia en la que asumió el cargo.
Desde el 25 de octubre pasado se creó una comisión municipal, encabezada por la propia presidenta municipal cuyo principal objetivo es revisar minuciosamente el contrato de concesión, sus inconsistencias , así como recabar las pruebas documentales para poder revertir el otorgamiento de los servicios de agua potable a Aguakán.
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Espinoza Rodríguez dijo sobre este respecto que han solicitado audiencia con el gobierno de Solidaridad, pero hasta el momento no se les ha concedido una reunión formal, pero tampoco hay ninguna acción legal por el momento en contra de la empresa.
EN PUERTO MORELOS
El pasado 3 de octubre, este municipio, gobernado desde octubre de este año por Laura Fernández, aprobó por unanimidad de su cabildo la propuesta para recuperar el control de la red de agua potable y alcantarillado, actualmente en manos de Aguakán, a fin de que sea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la encargada de suministrar el líquido.
En el punto de acuerdo se lee que si bien Puerto Morelos formó parte del municipio de Benito Juárez (Cancún) por muchos años, a partir del 1 de enero de 2015 es un municipio autónomo que no está obligado a refrendar un título de concesión que se otorgó en otras circunstancias y bajo un estatus administrativo distinto al que hoy tienen la localidad.
Espinoza Rodríguez explicó que si bien esa es la argumentación central del gobierno municipal, se debe tomar en cuenta que el título de concesión firmado desde 1994 “habla de municipios, pero también de zona concesionada, descrita en términos de una superficie territorial, dentro de la cual está el nuevo municipio de Puerto Morelos”.
Añadió que hasta el momento Aguakán no ha hecho valer jurídicamente los términos en los que está redactado el contrato porque a pesar de la decisión tomada por el cabildo, no hay ninguna notificación oficial solicitándole a la empresa dejar de prestar sus servicios en el municipio.
Todo lo contrario, añadió, hay actas de entrega de obra firmadas por el anterior gobierno municipal de Puerto Morelos instruyendo a la empresa a terminar las obras pendientes como la planta de tratamiento, así como la red de drenaje, inconclusa desde hace varios años.
Reconoció sin embargo que con el nuevo gobierno de Laura Fernández Piña no ha habido acercamiento, pese a reiteradas solicitudes de audiencia para dar continuidad a las obras pendientes.
Fuente: Quintana Roo hoy
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