CHETUMAL, Q. ROO.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo está lejos de abandonar el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, en Morelos.
Lo anterior, luego de que le fuera negado el amparo en el caso de peculado promovido en la causa penal 151/2019.
Relacionada con el desvío de 594 millones 590 mil 535.47 pesos a la empresa gubernamental VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V. (VIP-SAESA).
De esta manera, el ex gobernador Roberto Borge Angulo quedó contra la espada y la pared, al no lograr librar las acusaciones en su contra.
Además por operaciones con recursos de procedencia ilícita, causa 381/2017, al vender a prestanombres 22 predios a precios por debajo de su valor real, causando un quebranto de más de 900 millones de pesos.
También, por desempeño irregular de la función Pública, causa 154/2019, respecto a la exención de pago de derechos por la renta de carritos de golf.
Por peculado, igual, causa 159/2018, referente a la enajenación de 18 inmuebles a un precio inferior a su valor comercial y este último por delincuencia organizada que dio pie a la causa penal 541/2019.
Y una última, que proceso, ahora por delincuencia organizada, de acuerdo a la causa penal 541/2019.
Radicada en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez.
Lo anterior derivado de la contratación de servicios de taxi aéreo con Aerotaxi Villa Rica.
Esto trajo consigo la celebración de un par de “convenios” que nunca fueron licitados y se entregaron de manera directa.
En febrero de este año la juez Iliana Fabricia Contreras Perales acató la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y resolvió estudiar el recurso, acto que hoy tuvo resolutivo.
JUICIO DE AMPARO
Borge Angulo promovió el trámite de un juicio de amparo, mismo que el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos aceptó, dejando en claro que habría una revisión.
En febrero de este año la juez Contreras Perales le negó a Roberto Borge la suspensión definitiva.
Es decir, que sería un juez federal quien decida si la FGR puede pedir al gobierno de Panamá modificar la petición de extradición.
La intención de Borge Angulo y sus abogados es evitar que el gobierno mexicano solicite a los panameños la modificación o ampliación de la solicitud de extradición.
Iliana Fabricia Contreras Perales, titular del Juzgado Sexto de Distrito, acató la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con residencia en Morelos, quien resolvió que ella deberá estudiar el recurso.
Sin embargo, declinó competencia y turnó el caso a Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
Esta quien argumentó que no le correspondía atender el asunto.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle al ex mandatario un nuevo delito relacionado con delincuencia organizada.
Para esto es necesario que el gobierno panameño autorice modificar la petición de extradición.
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