CHETUMAL, Q. ROO.- Por una votación unánime, los diputados del Congreso local aprobaron la iniciativa para que el Ayuntamiento de Benito Juárez reponga el procedimiento de prórroga de la concesión de transporte que aprobada por el Cabildo por un periodo de diez años ha empresas como Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil.
El Pleno de la XV Legislatura avaló con 17 votos a favor de los diputados presentes, el acuerdo por el que, además, se remite al Ayuntamiento de Benito Juárez 2018-2021, el acta de la cuadragésima octava sesión ordinaria del cabildo 2016-2018, de fecha 4 de septiembre de 2018, mediante la cual se otorgó la prórroga de la concesión de transporte público urbano municipal.
Al respecto, el diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, aseguró que el acuerdo aprobado permitirá al actual Ayuntamiento de Benito Juárez contar con una herramienta para reponer el procedimiento de análisis de la solicitud de prórroga y determinar su procedencia.
De lo contrario, se abriría una oportunidad para que el propio Ayuntamiento emita una nueva convocatoria que permitiría incluso la apertura de nuevas rutas y nuevos sistemas de transporte, que podrían beneficiar a los usuarios del transporte público en dicha demarcación.
Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, aseguró que los benitojuarenses merecen un transporte de calidad, que haga efectivo el descuento a los estudiantes, un transporte inclusivo que esté adaptado para las personas con discapacidad y que sea gratuito para los adultos mayores.
Es por ello que, ante la falta de consenso al interior del Cabildo y ante los notorios vicios en el procedimiento, la Legislatura tuvo que solicitar información en la que las comisiones encontraron elementos suficientes para que la nueva administración municipal pueda hacer una revisión del procedimiento de ampliación de la prórroga que solicitaron las empresas que prestan el servicio en la actualidad.
Este acuerdo va a permitir que el Ayuntamiento reconsidere otras condiciones de cara a los ciudadanos, con transparencia; así como una evaluación real de la eficiencia, de la calidad del servicio que se presta. Estoy convencido que, si se hace de esa manera, va a permitir que se pueda lanzar una nueva licitación y se puedan cumplir con las condiciones de la calidad”, agregó.
Como se recordará, a propuesta de los diputados Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el 12 de septiembre el Pleno Legislativo solicitó al presidente municipal de Benito Juárez, remitiera el acta de la sesión de Cabildo en la que se aprobó la renovación de la concesión de transporte público urbano en dicha demarcación, así como los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y de la Dirección de Transporte y Vialidad, a fin de allegarse de información necesaria sobre el procedimiento.
De acuerdo con el análisis realizado, no se ha constatado un dictamen que haga necesaria la concesión por parte del Ayuntamiento ante una supuesta necesidad del servicio.
Por otra parte, ha sido del conocimiento de los miembros del municipio que la calificación de la eficiencia en la prestación del servicio no arroja una calificación alta y menos conforme, por el contrario, la califican por la unidad administrativa del municipio como normal, lo que no refleja siquiera una prestación eficiente.
A juicio de la Legislatura, no opera la aplicación exclusiva para el caso que se atiende, el Artículo 190 de la Ley de los Municipios del Estado, pues la norma que contiene está supeditada a la regla general en el numeral 177 de la citada ley, consistente en que cuando la prórroga se solicite y exceda la administración municipal, esta debe decidirse por la Legislatura por la simple naturaleza de proteger a las administraciones a las que se les estaría dejando inoperantes para decidir el destino de la prestación del servicio.
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