CANCÚN, Q. ROO.- Los desalojos forzados no solamente se dan en las zonas humildades en la ciudad de Cancún, también en las zonas más prominentes y exclusivas del destino, como el que ocurrió en la torre Maioris, del complejo inmobiliario Puerto Cancún, donde el propietario logró recuperar cuatro de 23 departamentos que formaron parte de los despojos que hizo la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, durante la administración de Roberto Borge Angulo.
Cerca de las 18:00 horas de este miércoles, un actuario de la Junta Local 02, se presentó con una orden judicial para hacer el desalojo de los departamentos de lujo 08, 25, 80 y 92. Aunque algunos habitantes no se encontraban en ese momento y otros más argumentaron que contaban con su documentación de compra-venta, los cuatro inmuebles fueron irrumpidos por agentes de la Policía Estatal, cerrajeros y trabajadores de mudanza que cargaron con electrodomésticos y toda clase de muebles.
Francisco Sima Castro, representante legal del Grupo Inmobiliario Mairoris, informó que derivado de la demanda 352/2010 e interposición de un juicio de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito (número de expediente 405/2016), lograron una sentencia favorable que nulificó las escrituras de compra-venta de quienes habitaban, y se ordenó la restitución de los departamentos.
El abogado también acusó a la titular de la Notaría Pública 22, del municipio Isla Mujeres, Yolanda Solís, de haber permitido una serie de ilegalidades, como suplantación de firmas y falsificación de documentos.
Son los primeros cuatro departamentos que recupera la firma que represento, de los 23 que nos fueron quitados a través de ventas fraudulentas cometidas ante notario público y juicios laborales amañados desde la Junta de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo del estado”.
No se puede omitir que, por tener acceso directo a la zona hotelera y a la ciudad, a través de la avenida Bonampak, cada uno de los estos departamentos de súper lujo tienen un costo de 350 mil dólares, y que fueron rematados en un millón 400 mil pesos a través de una red de corrupción que operaba en la administración de Roberto Borge Angulo, desde la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 02, que, encabezada por el expresidente Alexis Zavala, creó juicios apócrifos para ejecutar desalojos en diferentes propiedades de lujo de la zona norte del estado, principalmente en condominios y hoteles de Playa del Carmen, Tulum y Cancún.
