CANCÚN, Q. ROO.- Se está revisando la Ley de Tarifas y Cuotas del Estado de Quintana Roo, porque la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan) no está aplicando subsidios obligatorios en las tarifas del recibo de agua potable, en todos los municipios donde presta su servicio.
Además, la concesionaria está obligada a hacer un desglose en el que especifique cuántos litros (o metros cúbicos) consumió el cliente, en qué tarifa y por qué va a pagar la cifra que indica el recibo, y no lo hace, denunció la dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio Solidaridad, Alejandra Cárdenas Nájera.
“Los costos que está emitiendo Aguakan en este momento no son los que realmente debe de aplicar, porque hay un subsidio que marca la Ley de Tarifas y Cuotas del Estado de Quintana Roo, y no se está aplicando. Por ejemplo, una persona que su recibo es de 110 pesos mensuales, lo que realmente debe de estar pagando son 70 pesos, cuando mucho”.
“Se tiene que aplicar un descuento de hasta del 40 por ciento, si estás dentro de los primeros niveles de consumo de agua potable, y por lo general, es el 80 por ciento de la población que caería en esta categoría”.
“Si estas cantidades (robadas) las multiplicamos por el número de familias que tienen hoy el servicio contratado con Aguakan, estamos hablando de cifras millonarias. Estamos haciendo una revisión y elaborando un exhorto para que el Congreso del Estado ponga manos en el asunto y haga valer la ley”.
De igual manera, la también regidora del Ayuntamiento de Playa del Carmen informó que están promoviendo amparos ciudadanos por los diferentes abusos y exorbitantes cobros injustificados, medida que les dará argumentos, a ellos y a otros grupos, para exigir la revocación definitiva de la concesión.
“Estamos convocando a los ciudadanos a una resistencia, porque es lo que nos va a sacar del problema que representa Aguakan. Para poder retirarle la concesión tienen que haber elementos, y los elementos van a ser precisamente esos amparos que ganemos, y todo eso va a ser la plataforma jurídica para revocarle la concesión”.
