PUERTO MORELOS, Q. ROO.-De acuerdo con la organización Transparencia por Quintana Roo, luego de atender e investigar una denuncia ciudadana, se descubrió que la presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña y quien busca reelegirse en el cargo, habría desviado recursos a través de programas irregulares de apoyo económico, pues los beneficiarios habrían sido funcionarios de alto nivel, es decir, no son personas de grupo vulnerables.
La asociación encontró que a través del programa de apoyo económico denominado “Programa Institucional de Gestión Social” que no está incorporado en los Programas Municipales 2016-2018, aprobados por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 30 de noviembre de 2017, es como se realizó el desvío.
Durante la investigación se revisó un expediente proporcionado por los trabajadores municipales, el cual muestra la solicitud de apoyo por 32 mil pesos realizada por Saydi Anduze Trujillo, directora general de Participación Ciudadana del Municipio, según el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, quien gana un sueldo neto de 36 mil pesos. Esta funcionaria no pertenece a un sector vulnerable ni está en situación de necesidad para ser beneficiaria de un programa social.
Programa inoperante
Según “Transparencia por Quintana Roo”, este programa incurre en la inobservancia de la ejecución de los recursos públicos, aplicados a que, particulares sin justificación, fundamentación o motivación alguna, pueden acceder a dinero de las arcas municipales, incluso sin la necesidad de devolverlo, pues no es un préstamo crediticio, que pudiera ser pagado en parcialidades o en una sola exhibición, pues el comprobante de entrega de los recursos económicos no estipula devolución.
Este programa carece de objeto y justificación; sin embargo, al revisar el formato para solicitar dicho apoyo, se entiende que va dirigido a personas de sectores vulnerables, con un nivel socioeconómico bajo, pudiendo darse los apoyos en especie o en efectivo.
Resultaría difícil determinar si un portomorelense cuenta con un mayor o menor derecho para ser beneficiado de dichos recursos, más aún si no se cuenta con una cantidad límite como fondo aprobado, un límite en la cantidad de beneficiarios y los requisitos particulares para poder ser beneficiarios, o a qué sector de la población está dirigido.
Como Anduze Trujillo no es una persona de escasos recursos, por lo que sería mejor si se le hubiese ofrecido apoyo para gestionar un servicio médico público emergente, sin perjudicar las arcas municipales, o hubiera podido tramitar un préstamo laboral en el área correspondiente.
Involucrados en corrupción
En caso de que el municipio de Puerto Morelos haya ejecutado dicho gasto, sin aprobación por la autoridad correspondiente y sin una partida aprobada en el presupuesto de egresos del Municipio, se estaría en un posible desvío de recursos públicos.
Según lo establecido por el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su Artículo 52 que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles.
El Artículo 54 de la misma Ley, establece que será responsable de desvío de recursos públicos el funcionario que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Además, según el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, la Dirección Municipal de Gestión Social Municipal está adscrita a la Dirección General de Atención Ciudadana, que tiene la función de atender y dar seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y, en su caso, gestionar y otorgar el apoyo que corresponda a las necesidades urgentes de la población de escasos recursos.
Anduze Trujillo es titular de esta dirección, por lo que tiene como una de sus atribuciones organizar, promover, procurar y fomentar los planes, programas y políticas de desarrollo social, procurando la equidad de género y de oportunidades de los grupos sociales vulnerables, mediante acciones afirmativas, lo cual no cumple.
Cómplice de Borge en desfalco millonario
Por otrolado, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados denunció que la alcaldesa con licencia de Puerto Morelos en Quintana Roo, Laura Fernández realizó vuelos privados, con cargo al presupuesto del gobierno que encabezó Roberto Borge.
La denuncia contra Laura Fernández refiere que esta participó en un desfalco de 320 millones de pesos, operación en la que estuvo de por medio la empresa VIIP Saesa, que fue elegida por el gobierno de Borge para administrar los vuelos de los funcionarios de Quintana Roo durante su administración.
La información proporcionada por Morena en San Lázaro señala que de la investigación que realiza la Procuraduría del Estado de Quintana Roo, se ha detectado la relación “directa” entre Laura Fernández, la empresa VIIP Saesa, ex director de esa corporación, Carlos Acosta, quien fue detenido por la autoridad local en 2017.
El gobierno de Borge, detenido por la PGR, operó una estructura financiera, en la que participó Laura Fernández, por 320 millones de pesos.
Entre los beneficiarios, de las transacciones financieras a través de VIIP Saesa dio a conocer, se encontraban familiares y amigos de Roberto Borge, y ahora, se da cuentas de que Laura Fernández, quien aspira de nueva cuenta a gobernar Puerto Morelos, se encontraría involucrada en ese delito.
La señora Fernández, también pesan señalamientos de promover el tráfico de influencias y de haberse apoderado de terrenos públicos ubicados en la zona turística de Quintana roo. Específicamente esto se habría concretado con la posesión de amplias áreas en el ejido de Puerto Morelos.
Además, la denuncia se amplió, al recordar que Laura Fernández es propietaria de cinco cuentas bancarias. Una de esas cuentas se encuentra radicada en Estados Unidos a través de la firma Wels Fargo, con un monto de 500 mil dólares, y las otras cuatro cuentas las tiene en Bancomer, Santander, Banorte y HSBC.
Entre sus actividades, se refiere, Laura Fernández afectó el interés de 460 familias, asentadas en las colonias irregulares la fe y tierra nueva – a las que debe de pagar, un monto de 163 mil pesos, a cada una, por un fraude cometido a través de la administradora Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV, empresa fantasma, sin registro público de comercio, de la que ella es propietaria. (Con información de: Transparencia por Quintana Roo / La Jornada)
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