PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El exalcalde de Solidaridad, Rafael Castro Castro y el extesorero Gabriel Castro Cárdenas tramitaron amparos a su favor en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún.
Gabriel Castro Cárdenas, extesorero de Solidaridad y cuyo caso consta en el expediente 1134/2017 se encargó de las finanzas del municipio durante el trienio de Mauricio Góngora Escalante; depositó una garantía de 136 mil pesos y deberá presentarse el próximo 22 de agosto ante el juez de distrito.
Por su parte, Rafael Eugenio Castro Castro, expresidente municipal de Solidaridad, cuyo caso está recopilado en el expediente 1031/2017, obtuvo el amparo contra el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen (Lic. Manuel David Montoya Absalón) el pasado 11 de agosto.
Castro Castro quedó al frente del Ayuntamiento de Solidaridad cuando Mauricio Góngora pidió licencia para competir por la gubernatura del estado, la cual finalmente perdió. Se amparó contra orden de aprehensión, comparecencia y detención, depositando una garantía de 125 mil pesos. Su audiencia está pautada para mañana, el jueves 17 de agosto. El exmunícipe ya fue inhabilitado por la Contraloría municipal.
Las acusaciones
La actual administración municipal ha interpuesto un total de cuatro demandas contra exfuncionarios, tres ante la Fiscalía y una más ante la PGR.
La denuncia interpuesta en contra del presidente municipal, tesorero y oficial mayor en la pasada administración se debe a que como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la señalada empresa, ni entregó tales recursos a la administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.
La denuncia ante la PGR es por el delito de ejercicio indebido de recursos públicos federales por 47 millones de pesos.
