Habitantes de colonias de Solidaridad conformarán comités vecinales y prevén acciones de desobediencia civil pacífica contra la concesionaria
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- “Estamos promoviendo el Movimiento del Pueblo en Defensa del Agua y los Derechos Humanos, que va a ser una asociación civil. Ya estamos conformando los comités que van a estar distribuidos en todo el estado de Quintana Roo. Es una alternativa de organización de la sociedad para que se pueda involucrar y participar en temas tan importantes como es el agua, un recurso vital que bajo ningún concepto puede considerarse una mercancía, como lo ha venido haciendo Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC), con una empresa operadora que es Aguakan, donde supuestamente lo que cobran no es el agua, sino la extracción, el tratamiento y la distribución, pero como nadie controla esos costos, los tienen súper elevados. Y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), que es quien debiera hacerlo, no lo hace por la corrupción. Porque incluso ampliar una concesión hasta el año 2053 es un acto de corrupción, primero de Mario Villanueva, Carlos Cardín Pérez y Jorge Luis Cárdenas Bazán, presidentes municipales de Benito Juárez e Isla Mujeres, hasta llegar a Solidaridad con Mauricio Góngora Escalante y gobernadores como Roberto Borge, quien entregó esta nueva concesión a cambio de mil 200 millones de pesos por arriba y 2 mil 200 millones de pesos por abajo”, explicó Salvador Ramos Bustamante, promotor del movimiento.
“Ampliar una concesión hasta el año 2053 es un acto de corrupción”
Asimismo, dijo que este proyecto recurrirá a instancias internacionales como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quien tiene especificado que los gobiernos están obligados a abastecer de agua a los ciudadanos: “Por eso ya estamos preparando la queja ante la ONU para que se haga el exhorto al gobernador y envíen a un relator a México. También se va promover una modificación inmediata a la Ley de Aguas Nacionales, que es la que autoriza que Aguakan o la concesionaria suba el precio cada que quiere. Además, se está promoviendo la cancelación de la concesión, pero para esto se necesita presión social, por eso estamos promoviendo los comités del pueblo territoriales. Van a ser miles en todo Quintana Roo, donde la gente aprenda la práctica democrática en asambleas y sean independientes de los partidos políticos y los gobiernos, de los grupos religiosos y empresariales. Aquí los protagonistas son los ciudadanos”.
El exlíder de la CROC aseguró que, de entrada, ingresarán quejas en contra de la concesionaria Aguakan y de CAPA: “Se van a promover amparos colectivos para evitar que corten el agua, porque no lo deben hacer, en todo caso disminuirla. Entre las acciones también está la suspensión de pagos, todos los comités se van a organizar y, por citar un ejemplo, decidir que los lunes no se va a pagar, para dejarles vacío, hasta que lleguemos a la huelga de amparos. Y desde luego promover el mayor número de pozos. Aquí por ejemplo, Aguakan ni siquiera te permite terminar un contrato, te exige pagarle el mínimo, que es aproximadamente de 130 pesos, cuando en otros estados como Yucatán, el mínimo es de 60 pesos. Es una lucha de muchos y todos. Las acciones legales tienen validez, como las acciones políticas, si van a acompañadas de la masa organizada, por eso la gran tarea es conformar los Comités del Pueblo”.
“Aguakan ni siquiera te permite terminar un contrato, te exige pagarle el mínimo, que es de 130 pesos, cuando en otros estados como Yucatán, el mínimo es de 60 pesos”
Ramos Bustamente afirmó que ya se llevaron a cabo reuniones con distintos grupos, como la Fraternidad de Taxistas de Cancún, la sociedad de chiapanecos o los masones de Chetumal y Cancún. También se han sumado Organizaciones No Gubernamentales (ONG), maestros y la logia masónica de Playa del Carmen. Aclaró que los partidos pueden participar, “pero que tengan claro que los comités son del pueblo, no es a su nombre, ni para jalar gente, porque los problemas que la sociedad tiene hoy, no los resuelven los partidos políticos, ya no son funcionales porque no responden al interés de la gente. Ya no vamos a permitir que quieran llevar agua sólo a su molino. Esto es un proyecto plural, pero del pueblo”.
REVOCACIÓN, PRIMERO EN SOLIDARIDAD E ISLA MUJERES
Por su parte, el diputado electo Emiliano Ramos Hernández, afirmó que ya se tuvo el primer acercamiento con la gente en Solidaridad. Dijo que se analiza la ruta legal de lo que se hará para revertir la concesión de Aguakan una vez que asuma funciones como legislador en el Congreso del Estado. “Tenemos listos una serie de amparos para evitar el corte del servicio de agua, además de revocar la concesión. El cobro del agua es un impuesto estatal que una empresa privada no lo puede estar recabando. En Solidaridad e Isla Mujeres podemos revocarlo más rápido que en Cancún”.
A pregunta expresa sobre si cuentan con el respaldo del gobernador electo, Carlos Joaquín González, para echar abajo la concesión de Aguakan, el también líder del PRD afirmó que el mes pasado sostuvo una reunión con él, “está enterado y convencido de que hay que revocar Aguakan, es una empresa que no le da un beneficio a los ciudadanos y sólo cobra tres veces más de lo que cobraba CAPA y el servicio además es peor”.
“(Carlos Joaquín) está enterado y convencido de que hay que revocar Aguakan”
Ramos Hernández dio a conocer que ya se está trabajando en la conformación de los Comités del Pueblo en Villas del Sol, el fraccionamiento más grande del municipio de Solidaridad: “Vamos a empezar en esta colonia para ampararnos y evitar los cortes de agua. Por cada 100 personas, un amparo colectivo. Así van a ser masivos. Y si después de esto llega personal de Aguakan, hay que caerles de manera pacífica y hacer resistencia. Éste será el frente social, y los diputados hoy electos haremos el frente legislativo en el Congreso hasta revocar la concesión. Antes de que termine el mes de agosto vamos a presentar los primeros amparos colectivos”.
Cabe mencionar que, entre las principales acciones que tendrá a bien realizar el movimiento de los Comités del Pueblo, destaca el establecimiento de la asamblea constitutiva por cada comité, que no podrá ser mayor a 20 integrantes, recopilar información, opiniones y problemas concretos, presentar las quejas ante Profeco y CAPA, elaborar los amparos colectivos para evitar el corte de agua y, además, desarrollar un sistema alternativo para abastecerse del vital líquido a través de la lluvia y perforación de pozos.
VIOLACIÓN A TRATADOS INTERNACIONALES
En entrevista aparte, Jaime Enrique Rendón de León, especialista en asuntos municipales, explicó que a nivel internacional se violan diferentes pactos al no garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con servicios públicos básicos, que incluyen sin lugar a dudas el abastecimiento de agua potable y saneamiento y entre los que destacan:
- El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
- El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su Art. 11, párrafo primero
- La Convención de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales (1977) en materia de derecho internacional humanitario que establece el derecho al agua potable (varios artículos).
- La Resolución 54/175 de la Asamblea General (2000) que clarifica y reafirma que los derechos a la alimentación y al agua limpia son derechos humanos fundamentales.
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) que en su Art. 14, párrafo 2, obliga a los Estados a asegurar a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua.
- La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su Art. 24 ,párrafos del segundo al cuarto.
- La Declaración del Milenio firmada por 191 Estados en septiembre de 2000 a partir de la cual definieron y asumieron objetivos y metas de desarrollo como la del acceso al agua potable y el saneamiento.
Rendón de León señaló que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la constitución federal. “Sin embargo, este compromiso el Estado Mexicano no lo ha cumplido. El gobierno ha permitido que se incrementen de manera desproporcionada los costos del agua potable concesionada a particulares sin dar explicación alguna. Mientras, las comunidades y las zonas de marginación y pobreza, en zonas urbanas inclusive, siguen esperando que este vital líquido sea accesible”.
“El gobierno ha permitido que se incrementen de manera desproporcionada los costos del agua potable concesionada a particulares sin dar explicación alguna”
María Elena Santiago Garrido, presidenta del Consejo Nacional y Estatal de Asociaciones (Conesqroo) y parte del Movimiento en Defensa del Agua, dijo que la forma de dar empuje a los proyectos que se presenten como una alternativa de solución ante los abusos y los gobiernos inoperantes, es a través de la organización y la colaboración mutua, por ello señaló como importante la distribución de la información e invitar a más personas a sumarse al proyecto.
CORRUPCIÓN Y COBRO DE IVA POR DESCARGAS AL DRENAJE
A pesar de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente, la administración y suministro de agua aplica tasa cero, en las facturas de Aguakan aparece el cobro de este gravamen. Además no se indica que el impuesto sea sólo por saneamiento y alcantarillado, sino que se imprime el desglose de forma integral, sumando además del concepto por consumo del agua potable, el de administración de cuenta. Según el SAT, en estos casos se debe evitar aplicar el IVA.
Además del golpe que representa el pago del recibo del agua, los quintanarroenses se enfrentan al lastre de la corrupción. No conformes con el detrimento de la calidad de los servicios públicos, los mil 79.4 millones de pesos que el Gobierno del Estado recibió de Aguakan por la ampliación de la concesión en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, no aparecen en las cuentas públicas de 2014 del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), tampoco en la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo de 2015.
Mil 79 millones de pesos recibió Aguakan del gobierno por la ampliación de la concesión
Es importante mencionar que la cláusula vigésimo tercera del documento de concesión para los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres señalan que ésta podrá revocarse si existen violaciones en los términos establecidos, así como deficiencias o irregularidades en el servicio, de ser así la CAPA tiene la facultad para asumir la responsabilidad de la empresa concesionaria.
Fotos: Adriana Olvera
