La corrupción de las autoridades y las extorsiones criminales son las principales amenazas que acusan empresas e inversionistas de la entidad
CANCÚN, Q. Roo.- La confianza de las empresas en las autoridades del estado de Quintana Roo se desplomó drásticamente en los últimos años, según un Informe de Seguridad Empresarial en México realizado por la American Chamber of Commerce of México y dado a conocer por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el periodo 2013-2014 el estado se ubicaba entre los tres primeros del país que brindaban mayor seguridad a las empresas, solamente por debajo de Yucatán y Tlaxcala. Sin embargo, y aunque todavía se encuentra en el top 10 de los estados con menores desafíos en materia de seguridad empresarial, para el periodo 2015-2016 Quintana Roo pasó hasta el séptimo lugar, siendo superado también por Chiapas, Campeche, Baja California Sur y Colima.
Además de indicar que la entidad cayó cuatro lugares, el estudio revela que las principales amenazas para los inversionistas y sus empresas son la corrupción de las autoridades, los ataques a la cadena logística y los frecuentes episodios de extorsión por parte de criminales.
El cuestionario que se aplicó a presidentes y directores generales de la mayoría de las empresas de todo el país, señala que, en el caso específico de Quintana Roo, el descenso también se debió a los desencuentros que el gobernador, Roberto Borge, ha sostenido con el sector privado y a las constantes críticas que ha recibido.
ARGUCIAS LEGALES
Varias empresas e inversionistas se han quejado de haber sido víctimas de despojos producto de juicios laborales irregulares; los demandantes -aseguran- no existen, o al menos no los conocen.
Tal caso les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas sin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.
En marzo de este año, el director de Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.
“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta. Logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.
Según el empresario, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.
También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas por un laudo producto de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida.
Con información de Animal Político
Foto: Agencia Reforma / Infografía: Francisco Javier Robles
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