La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano puso bajo investigación a Juan Carlos Muñoz Escalante, director del Registro Agrario Nacional por la entrega ilícita de un título de propiedad y un certificado parcelario a Ana Luiza Almazán Arteaga, hermana de Antonino Almazán Arteaga, señalado como el líder de la “mafia agraria” en Quintana Roo.
Se trata de un trabajo interinstitucional que no sólo involucra al Registro Agrario Nacional, sino a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero aún a esta hora, los integrantes de la denominada “Mafia Agraria” apuestan a sentar un antecedente legal que haga realidad su carísimo sueño de robarse 900 hectáreas de terrenos ejidales.
Pero la investigación que ordenó el presidente de la República, va mucho más allá de las simples y vilipendiadas cabezas visibles, que no son más que eso, esbirros en los hechos operando las instrucciones de sujetos notables de la política y la economía nacional.
La titulación de las parcelas de los integrantes del Ejido Puerto Morelos fue el pretexto perfecto que usó Antonino Almazán Arriaga para tender el fraude que le permitiría hacerse ilegalmente de 900 hectáreas, pues según el contrato que nunca se cumplió y la misma asamblea de ejidatarios cancelo, a todas luces fue ilegal, la empresa fantasma establecida a su nombre y el de su hermano Juan Pastor, denominada “Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México SCP”, se haría cargo de gestionar la titulación de las parcelas, un trámite que nunca se hizo y que, además es unipersonal.
Lo que el presidente de la República ordenó, fue que se formara una Comisión de la Verdad donde se incluye a SEDATU, PROCURADURIA AGRARIA Y REGISTRO AGRARIO NACIONAL para atender las denuncias de despojos de Antonino Almazán y la mafia agraria en los ejidos de Puerto Morelos y José María Pino Suarez.
INTENTAN POR ÚLTIMA VEZ QUE SE LES RECONOZCA LAS 900 HECCTÁREAS
Y a pesar de que se saben investigados, de que personal de Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación están en Quintana Roo para dar seguimiento puntual a las órdenes del presidente de la República, los mafiosos siguen sacando “ases de la manga” para pretender el más preciado de sus trofeos: las 900 hectáreas del Ejido de Puerto Morelos.
Juan Carlos Muñoz Escalante es el flamante delegado del RAN en Quintana Roo, fue enviado desde las oficinas centrales en la Ciudad de México y, desde luego, ni tardos ni perezosos, los integrantes de la Mafia Agraria le acosaron desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún y no le han soltado al grado de que el delegado cobra de la mafia agraria 150 mil pesos mensuales.
A partir del fin de semana que recién concluye, Braulio, el presidente del Comisariado, ya convocó a una asamblea general el próximo domingo 16 de enero y, como por arte de magia, está anunciando que los días 15 y 16 de enero, el Registro Agrario Nacional habilitará un módulo para atender a los ejidatarios que pretendan titular sus parcelas, hecho que demuestra, de una vez por todas, que nunca fue necesaria la mediación de los presuntos defraudadores y despojadores profesionales hermanos Almazán Arteaga y una lista de otros, esbirros de la Mafia Agraria para poder titular las parcelas.
No es la primera vez
La Comisión de la Verdad está detrás de más de un integrante y jefe máximo de la denominada Mafia Agraria, está también en pos de esclarecer la verdad sobre más delitos que el simple despojo en los ejidos de Puerto Morelos y José María Pino Suárez.
También lo investiga por el homicidio del abogado Álvaro López como se recordara El abogado Álvaro López Joers, quien llevaba la defensa de ejidatarios y pequeños hoteleros en la disputa de los codiciados terrenos costeros de este punto turístico, fue asesinado en la mañana del 17 mayo del 2012 en su despacho sin que hasta la fecha se haya aclarado su homicidio. El litigante, de 52 años y originario del Distrito Federal, fue sorprendido a las 9:00 horas en su despacho de esta ciudad por un desconocido que le hizo arrodillarse antes de dispararle a quemarropa dos tiros de un arma calibre 9 mm, uno de los cuales le dio en el pecho y el otro en el cuello. Con la ejecución del litigante, quien se encargaba de la defensa legal de posesionarios que habían sido despojados de sus predios costeros de alta plusvalía en la zona costera, denominada “Punta Piedra”, así como en los alrededores de la “Laguna Nopalitos” del Ejido “José María Pino Suárez”, la “Mafia Agraria” que maneja Antonino Almazán, empezaron desde el 2012 a eliminar a quienes entorpecen su propósito de apoderarse de la mayor parte de las tierras del noveno municipio de Quintana Roo.
La comisión de la verdad investiga también la expropiación hecha al ejido de Puerto Morelos por el gobierno de Feliz González Canto y Roberto Borge Angulo de los cuales el gobierno federal envió 1500 millones para el pago a los ejidatarios los cuales nunca recibieron nada y que las investigaciones apuntan a que el recurso se usó en la campaña de Enrique Peña Nieto y en la compra de una residencia en Francia del exgobernador Félix González Canto.
Muchos son los delitos, muchos más los personajes, pero mucho mayor es la ambición que les mueve; hoy, todo está en manos de la Federación; muchas serán las sorpresas, pero más aún, la justicia que luego de muchos años se logrará para los auténticos ejidatarios en el norte de Quintana Roo.
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