Este jueves, la Jueza civil Lisa Walsh en Miami sentenció a Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra por su participación en un esquema de contratación ilegal en el Gobierno mexicano durante las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En una audiencia pública, la Jueza dictó que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares (unos 15 mil millones de pesos). Su esposa, Cristina Pereyra, debe pagar mil 740 millones de dólares (unos 33 mil millones de pesos) por haber participado, ambos, en recibir ganancias de los contratos de seguridad que se firmaron con el Gobierno, supuestamente para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en México.
En 2021, el Gobierno mexicano demandó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas en Miami, por haber comprado allí propiedades y hecho inversiones con millones de dólares que se pagaron en México con dinero del Gobierno federal. García Luna no respondió a la demanda. Su esposa sí lo hizo, pero no cumplió las órdenes de la Corte y fue declarada “en rebeldía” el 21 de febrero de 2024.
El juicio estaba programado para comenzar en abril, pero no sucedió, ya que las partes anunciaron que habían llegado a un “acuerdo preliminar”. Las partes eran otras empresas, algunos ex funcionarios de Gobierno y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes fueron socios de García Luna en estos negocios.
El 19 de mayo, los abogados que representan al Gobierno mexicano presentaron declaraciones para apoyar su solicitud de sentencia final, que habían presentado en abril.
Esta mañana, la Jueza dio la razón al Gobierno mexicano y dictó sentencia contra el funcionario y su esposa. En la condena, la Jueza aplicó la Ley Rico, que regula actividades de crimen organizado y lavado de dinero en Estados Unidos.
La jueza confirmó que Pereyra participó en la malversación de 580 millones de dólares y García Luna lo hizo en desviar 249 millones. Aplicando la Ley Rico, a solicitud del Gobierno mexicano, dictó una sentencia final en contra de García Luna y Pereyra por tres veces el monto que habían demostrado los abogados del Gobierno.
Aunque este es un caso civil, al confirmarse esta sentencia podrían seguir acusaciones criminales contra García Luna y su esposa, tanto en México, donde ocurrió la malversación de fondos, como en Estados Unidos, donde se invirtió el dinero.
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