La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó ser “autoritaria”, como denunció la oposición, tras la aprobación en el Senado de una polémica iniciativa que impide al Poder Judicial invalidar y otorgar amparos para suspender sus reformas a la Constitución.
La mandataria acusó en su conferencia matutina al empresario Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), de estar detrás de esta “campaña” en su contra.
“Ahora quiere comandar esta campaña de: ‘la presidenta es una autoritaria’. No. ¿Qué estamos haciendo y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México”, expresó la gobernante mexicana.
Sus declaraciones se producen después de que el Senado avaló este viernes modificaciones a los artículos 105 y 107 de la carta magna para que no procedan controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad ni amparos contra las reformas a la Constitución.
Durante la sesión, los senadores del PRI y el PAN sostuvieron carteles que decían ‘¡No a la dictadura!’ y acusaron a Sheinbaum de buscar implantar un régimen autoritario en México.
“¿Autoritarismo de dónde, si se pueden manifestar libremente? Están en todos los medios de comunicación hablando, si se hace un balance de los que hablan a favor del Poder Judicial y los que hablan en contra, si se hace un balance de los que dicen ‘presidenta autoritaria’ y los que dicen ‘no’”, respondió la mandataria.
Esta iniciativa, que aún debe avalar la Cámara de Diputados, surge después de que la Suprema Corte aceptó analizar controversias y suspensiones que emitieron jueces contra la reforma al Poder Judicial, promulgada el 15 de septiembre para establecer elecciones populares de todos los juzgadores del país a partir de 2025.
Sheinbaum y su alianza de partidos en el Congreso han desestimado las órdenes judiciales contra la reforma, incluyendo la de una jueza que la semana pasada ordenó eliminarla del Diario Oficial de la Federación (DOF) o, de lo contrario, que la presidenta afronte una pena de tres a nueve años de prisión y la destitución.
La jefa del Ejecutivo argumentó que la disposición de la iniciativa para blindar sus reformas constitucionales ya estaba contemplada en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
“Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución, ahora viene una andanada, nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación: ‘la presidenta es una autoritaria, se acabó la democracia en México’”, expuso la mandataria.
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