Agencia EQR
CHETUMAL, Q. ROO.- Juan Carlos Pereyra Escudero, diputado y presidente de la Comisión Instructora que atiende la solicitud de juicio político en contra del ex presidente municipal de Cozumel y actual delegado de la Sedatu, Fredy Marrufo Martín, afirmó que los legisladores deberán entregar las pruebas necesarias para validar el procedimiento.
En entrevista, el legislador explicó que diputados tienen que hacer llegar a la presidencia de la Comisión Instructora que atiende el caso del funcionario federal, sus respectivos análisis y sus observaciones respecto al tema, para reafirmar los señalamientos en su contra, de cuando se desempeñaba como presidente municipal de Cozumel, en la administración pasada.
Ya cerramos la Comisión no se ha dictaminado porque había una suspensión, la cual, al parecer, ya se ha liberado, pero a nosotros no nos han informado nada de manera formal, hay que esperar para no caer en algún desacato y entonces poder emitir lo que es el dictamen”, refirió.
Una vez cumplida la etapa de revisión, la Comisión Instructora tendrá como plazo 30 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente.
“Lo que les corresponde a cada uno de ellos, cada uno de los que integramos esta comisión tiene que revisar los documentos y hacer el análisis pertinente de lo que nos hicieron llegar y de lo que cada uno investigó por su lado y poder emitir entonces una opinión consensuada para emitir un dictamen.
Consideró como una opinión importante la aportación de la Auditoria Superior en cuanto al tema de Fredy Marrufo Martín, porque el organismo tiene toda la personalidad para emitir una opinión, incluso, iniciar un proceso penal.
La semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Cancún, resolvió el recurso de revisión número 546/2017 presentado por el quejoso contra la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito que sobreseyó el amparo a favor del actual funcionario federal.
En su calidad de ex presidente municipal de Cozumel, Marrufo Martín enfrenta una demanda ante el Congreso del Estado, por presunto manejo irregular de 405 millones 997 mil 649.31 pesos, por lo cual, las actuales autoridades municipales piden que sea sujeto a un juicio político.
Dejó en claro que no se ha determinado aún el juicio político, y eso es precisamente el punto donde están, en ese estatus, en ese análisis, de si existe procedencia o no, indicando que no quiere adelantarse al tema, pero al final de cuentas las vías existen para fincar responsabilidades, refiriéndose al tema de Cozumel.
“Definitivamente en donde yo sí he podido analizar es que funcionarios de la pasada administración, sin decirte nombres, porque no quiero adelantar la conclusión si tienen responsabilidades estatales penales, los señalamientos en su contra serían por malos manejos financieros, por lo que en este caso, el Ayuntamiento de Cozumel tendría que presentar las denuncias penales por medio de la auditoria Superior, finalizó.
