Socios y operadores de UBER presentan ante el Congreso del Estado de Quintana Roo una solicitud de juicio político contra el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcanzar Urrutia; la directora de Gobierno, Erika Castillo Acosta y la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez.
Carlos Calzado y Águeda Esperilla Soto, representantes de los operadores de Uber entregaron esta mañana la solicitud de manera formal y por escrito, ante la representación del Congreso local, en la ciudad de Cancún.
Los Socios de Uber acusan a los funcionarios estatales de desacato a una orden judicial, asociación delictuosa, incitación a la violencia, corrupción y conflicto de intereses con los sindicatos de taxistas “Andrés Quintana Roo”, de Benito Juárez, y “Lázaro Cárdenas del Río”, de Solidaridad.
“En un acto premeditado y orquestado desde la administración pública estatal, dicen que Uber sigue siendo ilegal. Viene el fallo a favor (de Uber), se publica en el Diario Oficial de la Federación y de todas maneras salen a insistir. El desacato a una orden judicial implica cárcel, y ellos lo saben”.
De igual forma aseguraron que con estas afirmaciones están provocando más violencia en el destino turístico “que se está tambaleando” por las alertas emitidas por los Estados Unidos, “y sin que les importante un comino a estos tres funcionarios porque tienen intereses particulares con los sindicatos, salen a arengar a la violencia, a incitar a la violencia, partiendo de una mentira”.
Recordaron que existen grabaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, en las que Rodrigo Alcázar Urrutia promete a los taxistas, en el pasado proceso electoral, que la empresa transportista de plataforma no entrará a Quintana Roo, a cambio del apoyo político del gremio.
“Les dice textualmente ‘yo fui el artífice de que Uber no pudiera operar en el estado. Si ustedes votan por nosotros, yo les garantizo como titular del Imoveqroo que no vamos a permitir su funcionamiento’. No conforme con esto, nombra como delegado de Movilidad en Cancún al primo de la señora Erika Castillo, de nombre Manuel Puerto Castillo, también socio taxista”.
De igual manera sostuvieron que Erika Castillo Acosta es socia del sindicato de Cancún, y aun así fue diputada presidenta de la Comisión de Movilidad en la pasada legislatura para favorecer a su gremio; además, le inventaron la Dirección de Gobierno en la presente administración como “premio de consolación” por el ingreso de Uber a la entidad.
Asimismo acusan a Cristina Torres Gómez de ser la principal impulsora de una campaña mediática engañosa para la ciudadanía, con la que, con premeditación y alevosía, está llamando a la confrontación entre los transportistas.
En el documento firmado por 10 socios de la aplicación exhortan directamente al presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la XVII Legislatura, diputado Hugo Nieto Alday a que se deshabilite a los tres funcionarios públicos y se les castigue conforme a la ley corresponda.
“Esta comisión lo tiene que discutir en el pleno, y le estamos pidiendo al titular que dé parte a la autoridad competente, porque eso es cárcel. ¡Que esos tres funcionarios den la cara a la ciudadanía y expliquen porque están anteponiendo sus intereses mezquinos!”.
