PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Hasta el momento se han acreditado irregularidades por 400 millones de pesos en el ejercicio de la administración pública que encabezó Mauricio Góngora Escalante y que concluyó Rafael Castro Cuatro, acreditables a por lo menos cuatro exfuncionarios, y se sumarían más en el transcurso de las investigaciones, confirmó la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez.
Confío en que la justicia va a llegar, agradezco la confianza y sobre todo la espera que tiene la gente de Quintana Roo y sobre todo de Solidaridad; que sabemos que en muchos casos hay insistencia, pero si se conforman de manera correcta las carpetas de investigación, hay menor posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia estas personas”, declaró la presidenta.
Aclaró que los delitos que se acreditan y que serán sancionados en su momento son: daño patrimonial, daño a instituciones de carácter privado, uso indebido del ejercicio público, uso inadecuado de recursos federales, entre otros.
Por lo pronto destacó que el último trámite que hizo el Ayuntamiento es una ampliación de una denuncia por un monto de entre 20 y 30 millones de pesos más, aunque destacó que la suma, hasta el momento, de los recursos defraudados al municipio suman más de 400 millones de pesos.
A pregunta expresa sobre los nombres de a quiénes se les pretende fincar responsabilidades penales, la presidenta arguyó a la presunción de inocencia constitucional, por lo que sólo fue enfática en decir “funcionarios de primer nivel y directores generales”. Lo anterior confirmaría la especulación sobre las figuras de Mauricio Góngora Escalante, Rafael Castro Castro, Eduardo Morentín Ocejo, aunque respecto de la última ampliación habló de un director relacionado con la prestación de servicios municipales.
Cabe detallar que, de inicio, el Ayuntamiento a través de la Contraloría municipal revisa la documentación de la administración anterior para fincar responsabilidades administrativas que, en el extremo, sólo podrían representar inhabilitaciones; no obstante, la ley obliga al propio Ayuntamiento para que, en caso de detectar que se han violado preceptos en otras materias, dé parte a la autoridad competente; es así que a los funcionarios ya se les investiga por delitos del fuero penal.
Por último, la funcionaria pública informó que, además de facilitar los elementos probatorios sobre los delitos penales de los exfuncionarios, el propio Ayuntamiento, como tercer interesado, está solicitando, además del castigo correspondiente, la incautación de bienes en favor del Ayuntamiento.
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