El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el juez de control Jonathan “N”, señalado por presunta violencia de género tras un hecho ocurrido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez, y solicitó su suspensión temporal de funciones como medida cautelar mientras se esclarecen los hechos.
De acuerdo con un comunicado oficial, la indagatoria se abrió a partir de una denuncia anónima presentada el 26 de diciembre de 2025 a través del sistema electrónico institucional, misma que fue respaldada con imágenes y videos difundidos en redes sociales, en los que se observa una presunta agresión contra una mujer, incluso con un arma de fuego, en una zona residencial al sur de la ciudad.
El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de la suspensión preventiva, con el objetivo de proteger el interés público, garantizar una investigación con apego a la ley y reunir los elementos necesarios para la eventual presentación de una acusación.
El Poder Judicial subrayó que la conducta de quienes imparten justicia debe ser intachable dentro y fuera de los tribunales, sin limitarse a horarios laborales, y reiteró que no se tolerarán actos que contravengan la ética, la legalidad y el profesionalismo que exige la función judicial.
En este contexto, organizaciones feministas exigieron la destitución inmediata del juzgador y la aplicación de la llamada ley “3 de 3”, al considerar que la amenaza con un arma de fuego podría configurarse como feminicidio en grado de tentativa.
ACTIVISTA DENUNCIA OMISIÓN
Diana Miramontes, presidenta y fundadora del colectivo Malinches Ingobernables Quintana Roo, denunció la omisión y el hermetismo de las autoridades ante un caso que, aseguró, no requiere esperar una denuncia formal debido a los protocolos vigentes.
La activista advirtió que Quintana Roo se ubica entre los primeros lugares nacionales en violencia contra las mujeres, con altos índices de impunidad, desapariciones y feminicidios mal clasificados, lo que —afirmó— evidencia la vulnerabilidad de las víctimas, incluso cuando el agresor pertenece a las estructuras del poder público.
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