CHETUMAL, Q. ROO.- Dignatarios mayas, representantes de galleros y de caleseros de los municipios de Cozumel, Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y otros, acudieron a la capital del estado para protestar contra la Ley de Protección y Bienestar Animal. Al respecto, José Julio Azcorra, representante de los caleseros de la “Isla de las Golondrinas”, dio a conocer que buscarán amparos contra esta ley que, aseguró, lesiona la economía de decenas de familias.
En esta marcha pacífica, que partió del Museo de la Cultura Maya hasta Palacio de Gobierno y posteriormente al Congreso del Estado, tuvo por objetivo hacer consciencia entre los diputados (salientes), para que se hagan las reformas a la ley pese a que fue aprobada, aunque aún no se ha aplicado.
Hay que recordar que la Ley de Protección y Bienestar Animal en el estado generó manifestaciones en diferentes puntos del estado, pues quienes las encabezaron señalaron que afecta las actividades económicas.
Los diputados de la XV Legislatura organizaron diferentes foros de consulta en varios municipios, posterior a las manifestaciones anteriores que se dieron en este mismo sentido, aunque el tema estará en manos de los nuevos legisladores de la XVI que tomarán protesta el próximo 3 de septiembre.
Sin embargo, integrantes de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate y la Comisión Mexicana de Promoción Gallística A.C., encabezados por Efraín Rábago Echegoyen, mencionaron que de aprobarse y publicarse esta ley como tal, provocará el clandestinaje de las actividades y eso trae como consecuencia también acciones delincuenciales.
Consideró que es necesario que se tome en cuenta a las voces antes mencionadas para que se logre hacer una reforma a la ley y, con ello, se cuente con las herramientas necesarias llegar a un equilibrio en cuanto a la protección de animales en el estado, pero sin afectar las actividades económicas de decenas de familias.
Por su parte, José Julio Azcorra, presidente de los caleseros en Cozumel, afirmó que también decenas de familias se verán afectadas por esta ley y por ello se están preparando amparos, pues “ya que se tienen más de 26 años operando y no permitirán que sus familias se vean afectadas por esta situación”.
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