Luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, otorgara al Juez de Control, los datos de prueba correspondientes, este resolvió dictar el auto de vinculación a proceso para una persona del sexo masculino, por su posible relación en hechos posiblemente constitutivos del ilícito de extorsión agravada, en perjuicio de una víctima de identidad reservada, en sucesos ocurridos en Tulum.
Los hechos por los que Irvin Abisai “N” es investigado, acontecieron el 25 de junio del año en curso, cuando se presentó, acompañado de otros sujetos, al negocio de venta de alimentos preparados de la víctima, ubicado en la avenida Tulum entre calles Centauro y Orión, de la colonia Centro, para exigir la cantidad de 20 mil pesos mensuales por “derecho de piso”, bajo la amenaza de que de no pagarlo quemarían y rafaguearían el local, además de que privarían de la vida a los empleados que estuvieran ahí, así como a clientes y al dueño.
Las primeras indagatorias por parte de la Policía de Investigación, señalan que Irvin Abisai “N” fue empleado del negocio mencionado, además de que tanto él como sus cómplices forman parte de un grupo criminal generador de violencia.
Ante la negativa, por parte de la víctima, para pagar la cuota exigida, el señalado acudió el 25 de agosto a prender fuego al negocio, causando daños en el techo de palma y otros estropicios.
Luego de esto y al identificar plenamente a Irvin Abisai “N”, como la persona que causó el incendio, esta Representación Social solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada cuando el sujeto caminaba por la calle Polar Poniente entre Júpiter y Alfa Norte, de la colonia Centro.
Tras cumplir con las diligencias de ley, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió.
En el término constitucional previsto y después de analizar los datos de prueba y el alegato entre las partes, el juez lo vinculó a proceso por su presunta relación en el delito de extorsión agravada, imponiéndole además, la medida cautelar de prisión preventiva por dos años o el tiempo en el que se desarrolle el proceso judicial.
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