CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 63 casos de ataque en contra de defensores ambientales en el país.
Al presentar el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, la organización detalló que, en estos casos, 139 activistas han sido amenazados, intimidados y hasta agredidos físicamente, ya sea individual o colectivamente.
Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del Cemda, señaló que las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 y Puebla con 5.
De ahí, en Colima y Campeche se reportaron 4 casos; en Veracruz y Chiapas, 3 casos; en Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur, 2 casos; y finalmente en Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México, se registró un caso.
Leyva criticó que del total de las agresiones en 2016, 43 por ciento provinieron de parte de autoridades del Estado mexicano de los distintos organismos de gobierno.
“El Estado debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales y evitar a toda costa que sean las propias autoridades quienes cometen las agresiones”, aseveró la especialista en conferencia de prensa.
Aunque el número de casos de ataque a activistas ambientales fue menor al de 2015, de 180 casos, Leyva afirmó que México sigue siendo un País peligroso para este tipo de defensores.
“Hay muchas agresiones que no se verbalizan”, manifestó.
LAS ESTADÍSTICAS
De acuerdo con la organización, las agresiones más comunes fueron por megaproyectos hidráulicos, proyectos mineros, de infraestructura e hidroeléctricos.
Asimismo, las más recurrentes fueron amenazas en un 24 por ciento, intimidación con un 19 por ciento, criminalización en 18 por ciento y agresiones físicas en 15 por ciento de los casos.
El Cemda, acompañado de representantes del CIC-Propuesta Cívica y del Consejo Indígena Material, exhortó al Gobierno federal seguir una serie de recomendaciones que incluye el informe.
Entre estas se encuentran el vigilar en todo momento que se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en los territorios donde se buscan desarrollar los proyectos y garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, así como su participación en las decisiones que les afectan.
