Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia constitucional en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera parte del plan B de la reforma electoral promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En dicho recurso, el organismo electoral argumentó una posible violación a sus facultades legales; además de la acción de inconstitucionalidad en contra de las mismas reformas, en las que se reclama una violación a la Constitución del país.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”.
El órgano autónomo también admitió a trámite la controversia constitucional en contra de las reformas a la LGCS y la LGRA que presentó el municipio de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre.
Este es el primero de un paquete de 125 controversias presentadas por gobiernos municipales y estatales del PRI y el PAN.
Se resolvió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó, para invalidar las reformas hasta que se resuelva de manera definitiva.
