CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en su próxima sesión privada de Pleno si dará trámite prioritario a las demandas de la PGR contra las reformas anticorrupción en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, criticadas por favorecer a los Gobernadores salientes.

Al inaugurar el segundo periodo de sesiones de la Corte, el Ministro Presidente Luis María Aguilar informó que se recabarán informes sobre el estado que guarda el trámite de estas demandas, que fueron presentadas a principios de julio.

Aguilar dijo que el tema se planteará al Pleno en su siguiente sesión privada.

Si bien no dio fecha, la Corte usualmente sesiona en privado los lunes de cada semana, por lo que el caso se discutiría el 8 de agosto.

Si el Pleno acuerda que estos casos merecen atención prioritaria, la Corte aceleraría la elaboración de los proyectos de sentencia respectivos, así como la inclusión de los asuntos en la lista de sesión pública, para resolverlos lo antes posible.

Sin embargo, la atención prioritaria no permite recortar los plazos legales para que los Congresos y Poderes Ejecutivos de las tres entidades contesten las demandas presentadas en su contra y formulen alegatos, por lo que es poco probable que estos expedientes sean resueltos en definitiva antes de septiembre.

A esto se sumarán dos temas que ocuparán la atención de la Corte en agosto: la elección de siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, proceso que apenas inicia, y una semana completa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá sus sesiones en México.

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, presentó las solicitudes de atención prioritaria la semana pasada, cuando la Corte estaba de vacaciones, por lo que la Comisión de Receso informó que no se podía realizar mayor trámite hasta que el tribunal reiniciara sus labores.

Desde que la figura de la atención prioritaria fue creada en 2013, la Corte nunca le ha dado este carácter a algún asunto, pues los Poderes Legislativo y Ejecutivo prácticamente no se lo han pedido.

En estos juicios, la Corte resolverá si las Legislaturas de los tres Estados violaron la Constitución al emitir leyes locales en materia de combate a la corrupción, antes de que fueran aprobadas las leyes generales respectivas por parte del Congreso de la Unión.

Si los Congresos estatales reforma o derogan las leyes impugnadas, las acciones ante la Corte quedarán sin materia.

Agencia Reforma