RÍO DE JANEIRO, BRASIL. –El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado este miércoles a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En concreto, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en la reforma y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.
Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.
La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien señaló que la razón para no ordenar el arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es “evitar ciertos traumas”.
En cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como “Lava Jato” (autolavado, en portugués), es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción.
El caso, que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a políticos y poderosos empresarios de Brasil.
La operación “Lava Jato” comenzó en marzo de 2014 y ha salpicado a políticos y poderosos empresarios de Brasil.
Una gasolinera y un regalo misterioso: así empezó el escándalo que asedia al gobierno de Brasil
Según la sentencia de Moro, citada en medios brasileños, el de Lula fue “un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes”.
Además, de acuerdo con el juez, el hecho de que Lula era el encargado de nombrar a los directores de Petrobras, le otorgaba “un papel relevante en la trama criminal”.
En varias oportunidades Lula ha adjudicado fines políticos a este proceso judicial e incluso ha negado que el apartamento de Guarujá sea de su propiedad, algo que Moro descartó en su sentencia.
La de Lula es la última de las múltiples condenas emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.
Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.
El juez Sergio Moro se ha convertido en un héroe de los críticos del Partido de los Trabajadores. Y más tarde, a cambio de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados.
El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.
Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.
El dinero desviado oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías. (Fuente: BBC).
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