CIUDAD DE MÉXICO.- El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Al parecer, recibieron 17 millones de pesos de empresas que en el 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
Se trata de Arnulfo Vázquez Mota, padre de la panista, y seis de sus hermanos, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es accionista, reveló este lunes el diario El Universal.
Señaló que el 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima y Bolshoye.
La denuncia señala que las dos empresas, cuyas instalaciones y el personal que emplean no coinciden con los movimientos de recursos, son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández.
Por los indicios detectados se trata de “testaferros” —que con pleno conocimiento de la ilegalidad acceden a constituir empresas aportando sólo sus identidades— para ingresar recursos de procedencia ilícita, para ocultar su origen, refiere el texto de El Universal.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan, refiere el diario, Arnulfo Vázquez Cano, Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota.
Todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27,000 pesos, la mayoría procedentes de Smart y 1.8 millones de Bolshoye. La información de este caso, por ser una investigación en curso, se encuentra reservada por ley, cita el texto.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, son empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen sólo en papel. (Fuente: El Economista).
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