Estudios hechos por varias organizaciones han evidenciado contaminación en los mantos freáticos de Quintana Roo –y de la península de Yucatán– debido a los fertilizantes usados en los campos de golf, una pésima operación de los rellenos sanitarios a cargo de PASA, aguas negras y la filtración de residuos orgánicos por la negligencia de un rastro ubicado en la carretera Cancún-Playa del Carmen. Ahora, con pruebas de que hay agua contaminada con glifosato en comunidades de Campeche, el panorama se advierte desolador.
El tema de la contaminación por glifosato no es nuevo en Campeche, pero sí en Quintana Roo, ya que las autoridades ni siquiera hablan del tema ni se han preguntado qué sucede en los dos estados vecinos. A pesar de que el pasado mes de agosto, Jaime Rendón von Osten, del Instituto EPOMEX, de la Universidad Autónoma de Campeche, presentó los resultados de su pesquisa “Residuos de glifosato en muestras de agua y orina de habitantes de la zona de Hopelchén, Campeche”, ninguna autoridad quintanarroense se ha preguntado qué ocurre en la zona maya, donde hay cultivos ilegales de soya transgénica y una naciente producción de miel melipona.
Para los gobiernos quintanarroenses no hay nada más importante que el turismo, la temporada para el pago de predial y los anuncios de nuevos desarrollos hoteleros y de vivienda, inversiones y generación de empleos mediocres y mal pagados. El tema de la salud y la protección al medio ambiente –junto con la educación– no figuran en la lista de prioridades, únicamente en el escenario de la simulación. La pregunta es, y ¿ahora qué harán las autoridades quintanarroenses ante la denuncia pública de apicultores mayas en el Tribunal Internacional Monsanto?
Los nuevos diputados tienen la oportunidad de hacer diferencia. Se conoce que hay cultivos ilegales de soya transgénica en el estado, pero no se sabe qué afectaciones hay. La voz de Angélica Ek y Feliciano Ucán, respectivamente, llama a acciones por parte de Quintana Roo, ya que no se puede ignorar los alcances negativos de Monsanto y su producto estrella Roundup.
María Colín, asesora legal de campaña de Greenpeace México, fue clara en La Haya, Países Bajos, en decir que la contaminación por glifosato preocupa porque el agua está en los garrafones que beben los habitantes de las comunidades. Aunque el tribunal efectivamente es de “conciencia”, y no tiene alcances judiciales oficiales, abre la oportunidad para que las autoridades abran los ojos y hagan caso de lo que sucede antes de que sea tarde.
Los testimonios de diferentes personas provenientes del mundo entero fueron desoladores y sumamente preocupantes. Campesinos de Australia, Colombia, México, Argentina, en fin, cada uno víctima y entre manos batallas legales sin fin contra la transnacional Monsanto, empresa que busca el control alimentario del mundo.
El gobierno mexicano ha mostrado una postura pro transgénica, simplemente al permitir la siembra de soya modificada en 7 estados –salvo la suspensión provisional en Yucatán y Campeche–, lo que abona a la incertidumbre que experimentan las comunidades mayas.
Durante los testimonios y la participación de abogados en el Tribunal Internacional Monsanto, se dieron datos lapidarios sobre la contaminación de glifosato en personas de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, una examen clínico a los diputados arrojó que éstos tenían restos de glifosato en la orina. Es decir, la contaminación no discrimina, por lo que no es extraño que las autoridades mexicanas en la península puedan tener restos de contaminación por herbicidas de Monsanto, igual que otras personas fuera de las comunidades mayas.
El tema, complejo, no se ha abordado con seriedad en Quintana Roo. Es momento de emprender acciones, estudios y llevar a Monsanto en la agenda legislativa. El gobierno federal puede mostrar una actitud pro transgénica, pero los gobiernos locales pueden resistir y ser aliados del pueblo al combatir el veneno de Monsanto.
